Por Emilio Vera Da Souza
Redacción Jornada
A las personas condenadas mediante un juicio abierto al público, con defensores, con pruebas, con testimonios, con peritajes y con documentos oficiales emanados de las propias instituciones donde se desempeñaban. A esas personas, algunos de sus familiares favorecedores y amigos, los defienden, niegan sus acciones (aunque han sido probadas y por algunos reconocidas), reivindican sus métodos, su accionar y sus actividades, o otros no solo las asumen sino que también las reconocen, las promueven y se enorgullecen de los resultados.
¿Qué hicieron estas personas?
Mediante testimonios, documentos, y confesiones no solo en sede judicial reconocen: secuestros, desapariciones, torturas, fusilamientos, violaciones, asesinatos, robo de bienes, apropiación de menores, partos clandestinos de madres para quedarse con los recién nacidos, extorsiones, falsificación de documentos, alteración de registros de acceso público en instituciones del estado, falsificación ideológica del contenido de documentos reales, estafas, persecución, exilios forzosos, exoneraciones de profesionales en sus lugares de desempeño, expulsiones de estudiantes, persecución social, espionaje, sustitución de identidades y alguna otra definición del Código Penal que se pueda haber quedado sin identificar.
A los responsables individuales, políticos, burocráticos e ideológicos de esos crímenes, sus defensores los llaman “presos políticos”.
Algunos están detenidos en cárceles, condenados. Otros tienen el beneficio judicial de la prisión domiciliaria, aunque salen de su domicilio cada vez que pueden. Algunos más aun están siendo procesados. Y muchos han quedado libres por tecnicismos procesales y por alegar falsamente enfermedades incomprobables.
Los que defienden a estos criminales, probados y confesos, le reclaman al actual gobierno la promesa electoral incumplida de la libertad de estos “viejitos que hicieron todo por la nación, para liberarla del comunismo, del terrorismo y de la subversión”, argumentan.
La Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, organismo público que lleva sus datos basados en la documentación de los casos, informó que desde la reapertura de los juicios en 2006 -año en que se celebraron los dos primeros procesos, que tuvieron como acusados al comisario Miguel Etchecolatz, en La Plata, y al policía federal Julio Simón, en la ciudad de Buenos Aires- hasta la actualidad (noviembre de 2023) se dictaron en las diferentes jurisdicciones del país 307 sentencias en las que resultaron condenadas 1159 personas por delitos de lesa humanidad cometidos en el marco del terrorismo de Estado y 178 fueron absueltas. Las estadísticas surgen de la actualización trimestral que realiza la oficina a cargo de la fiscal federal María Ángeles Ramos.
De acuerdo con el informe, actualmente están en proceso 17 juicios en todo el país y en otras 65 causas el Ministerio Público Fiscal requirió la elevación a juicio. En la fase de instrucción, es decir, en la etapa preliminar, tramitan 284 causas.
En este contexto, 678 personas se encuentran privadas de su libertad, de las cuales 520 cumplen prisión domiciliaria y 96 se encuentran detenidas en establecimientos penitenciarios. Otras 62 se encuentran alojadas en la denominada Unidad N°34 del Servicio Penitenciario Federal, que funciona en el ámbito de la guarnición militar de Campo de Mayo y que, por esa particularidad, la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad no considera una institución penitenciaria.
Otras 1484 personas transitan actualmente los procesos en libertad. Desde 2016, los registros de personas en libertad superaron los de personas detenidas en este tipo de investigaciones. Mientras tanto, los prófugos suman 36.
Desde el reinicio de los procesos fallecieron 1534 personas investigadas por crímenes de lesa humanidad.
El reporte estadístico trimestral elaborado por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad es el resultado del análisis de la información remitida periódicamente a la Procuración General de la Nación por las fiscalías federales y unidades especializadas que intervienen en estos procesos en las diferentes jurisdicciones del país.
La carta enviada al presidente en reclamo de sus promesas, a cambio de votos directos y de los simpatizantes de la dictadura autodenominado “Proceso de Reorganización Nacional” es firmada por Cecilia Pando que durante la campaña electoral apoyó a Patricia Bullrich y atacaba a Victoria Villarruel, por abandonar a “presos políticos” luego de sus visitas a represores en las cárceles. Pando la acusó de firmar como propios libros escritos por Alberto González, condenado a perpetua por sus crímenes en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), mientras era oficial de la Marina.
Otras firmas:
Ana Delia Magi esposa de Ernesto “Nabo” Barreiro, responsable de varios crímenes y carapintada del alzamiento de Semana Santa, junto a
Aldo Rico y otros sublevados al orden constitucional durante el gobierno de Raúl Alfonsín.
María Inés Lamolla –esposa de Carlos Esteban Pla, condenado a reclusión perpetua por sus crímenes en la provincia de San Luis.
Marta Ravasi, psicóloga, facilitadora de la fuga de su marido, Jorge Olivera, del Hospital Militar, mientras estaba detenido bajo proceso judicial. El hijo de ambos, sacerdote de la congregación del Verbo Encarnado en San Rafael, Mendoza, facilitó recursos y alojamiento en esa sede de la secta católica, a su padre y varios otros responsables de crímenes, prófugos. Jorge Olivera, se recibió de abogado y fue defensor del criminal nazi Eric Priebke, y del ex general Carlos Suárez Mason.
Luz García Hamilton, de actividad propagandística en los medios de Tucumán, nieta de los fundadores del diario “La Gaceta”, apoyo de la dictadura y espacio de formación de Joaquín Morales Solá. Luz es responsable del grupo de “Chicas del Operativo Independencia” para dar apoyo a los represores en las audiencias judiciales.
María Elena Vázquez, madre de Alfredo Astiz, el “Ángel de la Muerte”, jefe del grupo Albatros, que se rindió a las tropas británicas durante las acciones bélicas en las Islas Malvinas, sin entrar en combate ni disparar una sola bala.
Lucrecia y María Eugenia Astiz son las hermanas del responsable del secuestro y asesinato de las monjas francesas Alice Domon y Léonie Duquet por los cuales fue condenado en ausencia en Francia a cadena perpetua
Graciela de la Villa esposa de Adolfo Donda, entre otros crímenes, fueron apropiados de la sobrina Victoria Donda Pérez, nacida en el campo de concentración en el que él torturaba y asesinaba y “lo volvería a hacer” dijo.
Patricia Isabel Mauriño esposa de Rafael “Nabo” Barreiro, condenado a perpetua pero con libertad condicional por problemas de salud. Cuñada de otro represor condenado.
Elsa Herrero Anzorena es hermana de Emilio Herrero Anzorena, jefe de Inteligencia de La Plata, condenado a prisión perpetua por sus crímenes en centros clandestinos de detención.
La carta firmada por las mujeres (mandan a las mujeres, hijos o familiares al frente de sus reivindicaciones porque si lo hacen ellos, también es delito) señalan que el compromiso de los líderes y dirigentes hoy en el gobierno, con las familias de los condenados y procesados presos por crímenes de lesa humanidad, no se ha cumplido.
Jorge “el Tigre” Acosta, responsable operativo de la ESMA que respondía en forma directa al entonces Almirante y Miembro de la Junta de Gobierno de Facto, Emilio Eduardo Massera dijo cuando ganó Milei “Se aproxima la hora de la verdad”.
Muchos militares nostálgicos de esos tiempos cuando eran dueños de vidas bienes y muertes, votaron entusiasmados ante las reivindicaciones de los postulados y la vehemencia de sus seguidores.
Por estos días el presidente y su hermana espiritista oficial, se encuentran de visita en la Antártida donde la mayoría de los que residen son militares que custodian el territorio nacional. Allí Patricia Bullrich sacó el 22% de los votos y Javier Miley el 69% (200 electores en total).
Apenas contabilizados los votos de la elección presidencial definitiva, un personaje hasta entonces desconocido en los pasillos de los lobbies políticos, se hizo cargo de estos reclamos y es el enlace entre los firmantes de las cartas que esgrimen la consigna de “libertad” para sus familiares queridos por ellos. Ese hombre, asombrosamente electo por ser parte de la lista de candidatos a diputados nacionales (tres cosas que declamaba odiar: los diputados, las listas electorales y lo nacional).
Es mendocino, su nombre es Facundo Correa Llano, de tradicional familia de gansos, ahora autopercibidos liberales libertarios, tiene 45 años, es contador recibido de la universidad nacional local, cuna de la “excelencia” en formación de cuadros, asesor de Marcos Niven en la cámara de diputados de la provincia y luego de Mercedes “Mechi” Llano, de concordancia en uno de sus apellidos, jugador de rugby y ahora a cargo de las gestiones de algunos familiares de los “viejitos” que siguen “detenidos injustamente” por haber “defendido la patria”.
Los votos que aportaron al triunfo de Milei desde el sector más rancio del nazionalismo militar son relativamente pocos para incidir en una elección nacional. Pero no se trata de ese humilde aporte, sino lo que simbolizan estos personajes tan retrógrados: para los conservadores y colaboracionistas de la dictadura, los históricos integrantes del partido Demócrata local, los criminales son “hombres heroicos” que enfrentaron en la historia a los creadores de derechos sociales, políticos, laborales y humanos. Todo lo que los actuales ocupantes de las instituciones dependientes del poder ejecutivo desprecian y odian.
Mientras el ministro de Defensa, también mendocino, tiene que lidiar con las promesas incumplidas del gobierno de los Hermanos Milei, de la vicepresidenta Villaruel, y los anuncios de aumentos salariales para el sector, que informó el ministro y desautorizó el presidente luego de su paseo por la Antártida donde, entre él y la ex candidata ahora ministra de Seguridad, sacaron el 98,2%.
Negar los hechos ocurridos durante la última dictadura, juzgados por orden de Raúl Alfonsín, la defensa de sus acciones individuales, la reivindicación de sus crímenes y los pedidos de perdón para los autores materiales condenados por la justicia, con derecho a defensa, es una tarea que en estos días podría tener posibilidad de ser plasmada en los hechos.
Una tradición que no es plagio.
FIN