En medio de un contexto de ajuste económico y despidos masivos, el Gobierno liderado por Javier Milei ha dado un giro inesperado al declarar lo que parece ser una guerra contra las empresas de medicina prepaga, instándolas a congelar sus precios.
Este movimiento contradice directamente uno de los puntos clave del decreto 70/2023, emitido por Milei, el cual otorgaba libertad a estas empresas para fijar precios según su criterio. El presidente defendió esta medida anteriormente, argumentando que el mercado se encargaría naturalmente de ajustar los precios. Sin embargo, recientes declaraciones del ministro de Economía, Luis Caputo, han sugerido un cambio de postura por parte del Gobierno.
Según informes del diario La Nación, la administración libertaria ahora amenaza con tomar medidas legales y administrativas contra las empresas de medicina prepaga, acusándolas de cartelización y abuso de posición dominante en el mercado debido a los aumentos registrados en las cuotas durante los primeros meses del año.
Paradójicamente, esta acción va en contra de la ideología libertaria promovida por Milei, que defiende la total libertad de mercado. El Gobierno busca que las compañías de salud congele sus tarifas por al menos dos meses para mitigar el impacto en la inflación.
Según fuentes gubernamentales citadas por La Nación, durante conversaciones informales se solicitó a las empresas de medicina prepaga que se abstuvieran de aumentar los precios durante dos o tres meses, pero estas se negaron, argumentando que solo considerarían un aumento cero en junio o julio.
Las empresas, por su parte, afirman haber estado dispuestas en todo momento a dialogar y encontrar soluciones, pero lamentan que los funcionarios gubernamentales hayan rechazado reunirse con ellas. Incluso esta semana, el ministro Caputo no concedió la audiencia solicitada por las cámaras del sector.
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