En un contexto de extrema restricción presupuestaria, producto del ajuste impulsado por Javier Milei, lo que ha derivado en la caída de ingresos nacionales pero también en menor actividad, Mendoza vuelve a priorizar el desarrollo minero. Y no es casualidad.
Así quedó explícito con la más que simbólica (y extensa) presencia de Alfredo Cornejo en el PDAC, la feria minera más importante del mundo que se realiza todos los años en Toronto, Canadá.
Allí, junto a una comitiva que también integraron la ministra Jimena Latorre y otros funcionarios como Jerónimo Shantal y Emilio Guiñazú, la provincia dejó en claro que quiere empezar a salir del closet en el que quedó después de la veloz marcha atrás de la ley 9.209 que reemplazó a la cuestionada 7.722 pero que fue archivada antes de entrar en vigencia, al inicio de la gestión de Rodolfo Suarez en medio de una inédita movilización popular.
El tabú se extendió también hasta la última campaña electoral en la que no hubo más que breves menciones inmediatamente desactivadas.
Convertida así la 7.722 en una especie de ley divina, incuestionable y todopoderosa, Cornejo ideó un plan de acción, de cocción lenta, para que aún bajo su paraguas (y -según dicen- sin necesidad de modificaciones), no tener que asistir a la eternización de la parálisis minera. Y con ello, a la pérdida de recursos con lo que eso significa para este contexto de contracción fiscal.
Un plan que en esta semana quedó claro con la marketinera creación del "distrito minero Malargüe Occidental" donde se pretende avanzar en la exploración bajo el supuesto de la baja intensidad de cuestionamientos (que el Gobierno traduce lisa y llanamente en "licencia social") pero que fundamentalmente se asienta en la escasez de otras oportunidades productivas capaces de generar empleo y tributos en ese departamento.
De la mano de las promesas desplegadas en Canadá sobre la base de la institucionalidad mendocina y la idea de imitar la mejores prácticas ambientales del mundo, en la Legislatura ingresó -en simultáneo- un proyecto para reformar el Código de Procedimientos Mineros que promete más agilidad administrativa pero también mejores controles y garantías de participación ciudadana.
Como se verá, todos aspectos cuestionados o motivos de alguna resistencia popular (o al menos esgrimidos como argumentos) a la hora de oponerse al desarrollo de la minería en Mendoza.
La jugada oficial incluyó una declaración de respaldo legislativo al ingreso de Mendoza a la Mesa Nacional del Cobre, una sinergia de las provincias mineras que conscientes del potencial económico quieren mejorar aún más su participación. Especialmente en la proyección de la demanda de cobre para la transición energética en el mundo.
Pero sin embargo, lo cierto es que este nuevo intento de reflotar la actividad no sólo se enfrenta a las naturales resistencias de los grupos ambientalistas que en los últimos años usufructuaron electoralmente esa posición, sino también del largo plazo que, per se, domina la actividad.
"Esto no es algo que vamos a ver en nuestro gobierno" dijo esta semana en el programa Lado A de Radio Jornada la vicegobernadora Hebe Casado. Pero sí en Casa de Gobierno entienden que éste es el rumbo que indefectiblemente debe tomar la Provincia si quiere mejorar sus actuales indicadores de empleo o la participación en el producto bruto geográfico, pero también en otros más sensibles como la pobreza y la indigencia.
Más allá de la convicción que exhiben los funcionarios, los empresarios locales acompañan la iniciativa pero no ceden en su reticencia y siguen explicando que la 7.722 es "un cepo" que impide el desarrollo pleno de la minería.
Por ello, y si bien Cornejo y los suyos aseguran que no está en los planes una reforma a la controvertida ley, la pregunta surge naturalmente. ¿Si no se cambia la ley, efectivamente Mendoza podrá hacer minería en serio? ¿O estos movimientos sólo serán una nueva simulación, en procura de convencer a los obtusos o esperar que los casos de éxito maduren para así inclinar la balanza de la aprobación popular?
Por lo pronto, además de la decisión política (no menor en tiempos de tanta incertidumbre) también queda claro que este reverdecer del impulso minero parece motivado por la urgencia de revertir la caída y el estancamiento provincial, objeto de duras críticas en la última campaña electoral sobre la base de datos reales que dan cuenta de claros síntomas de agotamiento de nuestra matriz productiva.
La apuesta parece destinada a mover fichas y lograr un mejor posicionamiento futuro, pero sin embargo no asegura el cumplimiento total de las expectativas tanto de sus impulsores como de sus protagonistas, los inversores a quienes volvieron a tentar en Canadá.
Allí, cuentan, fue decisivo el trabajo de Impulsa Mendoza, la empresa creada para el desarrollo de la minería como política de Estado. Y si bien fuentes participantes del PDAC aseguran que Mendoza tuvo muy buena recepción, "nadie espera milagros". Todos quienes en Toronto se mostraron interesados en este giro de Mendoza saben de qué se trata y por ahora vuelven a creer.
Indefectiblemente, la ley restrictiva de la actividad volverá a ser puesta en debate y ha de esperarse que dicha instancia no implique más parálisis ni indefiniciones como las producidas en las casi dos últimas décadas.
La minería puede ser otro motor de desarrollo provincial, impulsada con los debidos cuidados, bajo estándares internacionales y resguardos ambientales. Si las crisis agudizan el ingenio, es la política la que tiene la llave para poner soluciones en marcha.