Desde que fue apartada del juicio por la muerte de Diego Maradona el pasado martes, la situación de la jueza Julieta Makintach no ha dejado de agravarse. La difusión de su participación en un documental sobre el proceso judicial, mientras aún ejercía como magistrada en la causa, generó fuertes cuestionamientos a su imparcialidad y credibilidad, y ahora compromete su continuidad en el cargo. Desde entonces, crecen los pedidos para que sea sometida a un proceso de destitución.

Entre el martes y el viernes, la Secretaría Permanente de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la provincia de Buenos Aires recibió más de cinco denuncias pidiendo su remoción por considerar que incurrió en mal desempeño durante el juicio oral por la muerte del ídolo del fútbol.

La más reciente en sumarse a estas presentaciones fue el Colegio de Abogados de San Isidro, que en un comunicado expresó: "A raíz de los hechos de público conocimiento, el Consejo Directivo resolvió presentarse como denunciante y solicitar el juicio político contra la Dra. Makintach. Así, reafirmamos nuestro compromiso con una Justicia transparente y responsable".

La institución también recordó que ya ha impulsado con éxito la remoción de siete jueces en ese mismo departamento judicial, y que actuó en este caso para proteger la legitimidad del sistema judicial y la confianza de la ciudadanía.

Además del Colegio, se acumulan otras denuncias contra la jueza, que fue suspendida por 90 días por la Suprema Corte bonaerense y es objeto de una investigación por parte de la Fiscalía N.° 1 de San Isidro. Entre los denunciantes figuran diputados provinciales y varias personas vinculadas directamente a la causa.

Una de las presentaciones fue realizada por el abogado Fernando Burlando, quien representa a las hijas de Diego Maradona, Dalma y Giannina. Otro reclamo provino del letrado de Julio Coria, ex custodio de Maradona, quien fuera arrestado el 21 de marzo por falso testimonio en el juicio. La detención fue decidida por mayoría en el tribunal, con el voto de Makintach, ahora sospechada de tener intereses personales vinculados al documental que filmaba.

También elevaron pedidos de enjuiciamiento diputados de La Libertad Avanza, entre ellos Florencia Retamozo, Agustín Romo y Fernando Compagnon; y desde Unión por la Patria, a través de un documento firmado por el legislador Rubén Eslaiman. A estas denuncias se sumó la presentada por Fernando Míguez, de la Fundación por la Paz y el Cambio Climático.

Además, la jueza fue separada de su rol docente en la Universidad Austral, donde enseñaba Derecho Penal. La casa de estudios le inició un sumario administrativo a raíz de lo sucedido.

En este contexto, la Suprema Corte bonaerense resolvió remitir el caso al procurador general Julio Conte Grand, quien deberá definir si corresponde o no avanzar con el proceso de juicio político. Este paso podría derivar en la destitución definitiva de la jueza.

Conte Grand ya solicitó las pruebas recolectadas en la investigación por su participación en el documental "Justicia Divina". La pesquisa está a cargo de los fiscales Carolina Asprella, Cecilia Chaieb y José Amallo, quienes calificaron la causa como "averiguación de ilícito".

Tras recibir el material, el procurador comenzó su análisis. En un plazo de menos de dos semanas, deberá pronunciarse sobre la posible existencia de faltas administrativas o delitos. Entre las infracciones que se evalúan figuran incumplimiento de deberes, abuso de autoridad, malversación y conducta inapropiada.

Cabe destacar que solo Conte Grand, como máxima autoridad del Ministerio Público Fiscal bonaerense, tiene la facultad de recomendar formalmente la apertura de un juicio político contra Makintach.