Las cifras de pobreza difundidas en los últimos días encendieron las alarmas dentro y fuera del INDEC, donde incluso se produjeron renuncias de directores clave. Según especialistas, detrás de la supuesta mejora hay una realidad que no coincide con los números oficiales: los hogares siguen atravesando un fuerte desgaste económico y "la plata no alcanza".

En un encuentro realizado en Mar del Plata, Agustín Salvia, director del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA-UCA), sostuvo que la baja en la pobreza no se traduce en mayor consumo. Para el investigador, la caída más evidente fue en la indigencia, pero la pobreza se mantiene elevada y no refleja la capacidad real de compra de las familias.

El diagnóstico coincidió con un hecho institucional: la dimisión de Guillermo Manzano, responsable de las estadísticas de condiciones de vida, y de Georgina Giglio, directora del IPC, ambos funcionarios centrales en la medición de pobreza e inflación.

Junto a Germán Santamaría, coordinador de la Red Mar del Plata, Salvia presentó un informe que reveló que el 23,5% de los hogares está en situación de pobreza multidimensional y que más del 35% enfrenta dos o más carencias simultáneas. Este índice considera seis dimensiones básicas de derechos: alimentación, salud, educación, trabajo, hábitat, servicios y ambiente. Aunque el porcentaje descendió, se debe más al crecimiento poblacional que a una mejora real: aún persisten familias sin agua potable, cloacas y con jóvenes que abandonan el secundario.

Los tres indicadores que más empeoraron en la pospandemia fueron el acceso a la salud, la inseguridad alimentaria y el trabajo precario, además de la deserción escolar, sobre todo entre adolescentes de cuarto y quinto año que no logran reinsertarse en el sistema educativo.

Las tensiones en el INDEC, bajo la conducción de Marcos Lavagna, también se vinculan con la demora en la implementación de nuevas metodologías basadas en la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares 2017-2018, en reemplazo de datos de 2004. Según Salvia y Santamaría, la medición por ingresos "no refleja adecuadamente la capacidad de consumo".

Explicaron que, desde 2024, con la gestión de Javier Milei, el fuerte aumento en comunicaciones, transporte, gas, agua y tarifas no está incluido en la canasta básica. Esto significa que gran parte de la recuperación de ingresos se destina a gastos fijos y no al consumo de alimentos, turismo o recreación. En paralelo, señalaron que la baja en la indigencia está vinculada al refuerzo de la Asignación Universal por Hijo y la Tarjeta Alimentar, además del ingreso de subsistencia que ofrece el mercado laboral informal.

Los investigadores también hicieron foco en la desigualdad, que se profundiza con la inflación. Mientras para sectores de altos ingresos el gasto en supermercado representa un porcentaje mínimo, para los hogares más pobres se lleva buena parte del presupuesto. Aunque la brecha se achicó levemente en 2024 respecto a 2023, la concentración de ingresos en el 3% o 4% más rico sigue en aumento.

Además, recordaron que ni las encuestas del INDEC ni las de la UCA reflejan lo que ocurre en ese sector más adinerado. Según la Encuesta Permanente de Hogares, se registraron dos picos de pobreza muy marcados: 2020, durante la pandemia, y 2023, con la estanflación. Si bien en 2024 los niveles bajaron respecto a 2023, aún son más altos que los prepandémicos.

Por otra parte, la indigencia mostró una reducción fuerte en el segundo semestre de 2024: pasó de 11,9% a 3,3%. Los expertos advierten que para los gobiernos es más sencillo ampliar programas sociales que fomentar créditos o promover la creación de empleo formal.