Aunque se mostraron arrepentidos, los responsables de realizar pintadas en las piedras de Potrerillos no evitarán la sanción. Tres de los cuatro acusados participaron de la audiencia donde fueron notificados de que deben pagar una multa conjunta de más de dos millones de pesos y realizar tareas comunitarias en la provincia de Buenos Aires.

Un grupo de turistas realizó grafitis sobre las rocas en las inmediaciones del Dique Potrerillos, uno de los puntos turísticos más visitados de la provincia. El hecho desató una investigación judicial y una ola de repudio por parte de la comunidad mendocina.

La audiencia tuvo lugar este miércoles y se centró en los hechos ocurridos en la zona de alta montaña mendocina, que despertaron un fuerte rechazo por parte de la sociedad. El caso cobró relevancia nacional luego de viralizarse imágenes del grupo vandalizando el paisaje. Ante ello, la jueza Contravencional Viviana Fernández actuó de oficio y abrió una causa bajo el artículo ciento treinta y ocho quater del Código Contravencional, que sanciona el daño a bienes naturales y paisajísticos.

El encuentro judicial se llevó a cabo de manera remota, desde las diez y media de la mañana, con colaboración del Juzgado Contravencional de Pehuajó, en Buenos Aires, donde residen los imputados.

Tras una investigación, se determinó que los turistas que realizaron las pintadas en el Dique Potrerillos son oriundos de la provincia de Buenos Aires.

En total, participaron Silvio Guillermo Pérez, María Mercedes Quiroga y Yolanda Graciela Quiroga, quienes decidieron declarar sin representación legal, ya que el procedimiento así lo permite. En sus declaraciones, los tres reconocieron los hechos, tras observar los videos y documentos que los incriminaban.

Además de aceptar su responsabilidad, los imputados se mostraron visiblemente afectados por la situación. Pidieron disculpas en reiteradas oportunidades al pueblo mendocino, a la comunidad de Potrerillos y a toda la provincia. Aseguraron estar dispuestos a cumplir con lo que la Justicia determine.

Más allá del pedido de perdón, la sanción económica sigue en pie. Tras analizar los costos asumidos por la Secretaría de Ambiente de Mendoza para reparar los daños, y considerando la situación personal de los acusados, la Justicia les impuso una multa de cinco mil unidades fijas, lo que equivale a dos millones cien mil pesos. Tendrán un plazo de diez días corridos para abonar el monto, y ya recibieron por correo electrónico el cupón de pago emitido por la Administración Tributaria Mendoza (ATM).

Pero la condena no fue solamente económica. La jueza también ordenó una medida correctiva adicional: cada uno deberá realizar veinte horas de trabajo comunitario, específicamente tareas de limpieza en espacios públicos del municipio de Carlos Casares, en Buenos Aires. Estas actividades deberán ser certificadas ante el Ministerio Público Fiscal, con colaboración del municipio local.

Por último, se les advirtió que si incumplen tanto con el pago como con el trabajo comunitario, la multa podrá transformarse en una pena de arresto.