Cárcel de Almafuerte: el asesinato de un preso terminó en un fallo millonario contra la Provincia
La Justicia Civil consideró que el servicio penitenciario no garantizó la seguridad de un interno asesinado en Almafuerte en 2022. El fallo establece una indemnización de ochenta millones de pesos a su familia y cuestiona el control del consumo de drogas dentro del penal.
El asesinato de un interno en el complejo penitenciario de Almafuerte generó una sentencia por parte de la Justicia Civil, que responsabilizó al Estado provincial por no haber garantizado la seguridad del detenido. En consecuencia, Mendoza deberá indemnizar a la familia con ochenta millones de pesos.
Mendoza deberá indemnizar a la familia con ochenta millones de pesos.
El crimen ocurrió el 15 de abril de 2022, cuando un recluso golpeó y estranguló a otro que cumplía condena por robo agravado. Ambos habían consumido drogas dentro del penal antes del ataque, según determinó la investigación. La jueza Fabiana Martinelli sostuvo que la víctima murió bajo custodia del servicio penitenciario, el cual incurrió en omisiones graves al no prevenir la agresión.
El crimen ocurrió el quince de abril de dos mil veintidós, cuando un recluso golpeó y estranguló a otro que cumplía condena por robo agravado.
En su resolución, Martinelli fue categórica: "El uso de estupefacientes en contextos de encierro es habitual, y si el agresor ya presentaba una adicción previa, esa condición debió ser detectada al momento de su ingreso. Esto lo convertía en un interno de riesgo, y esas señales fueron ignoradas por el personal médico y asistencial de la cárcel".
La compensación económica
La jueza estableció una indemnización total de ochenta millones de pesos, a ser repartida entre los familiares del recluso fallecido. La madre recibirá cincuenta millones, mientras que cada uno de los dos hermanos percibirá quince millones. La decisión aún puede ser apelada por el Gobierno ante la Cámara Civil, por lo que el pago no es inmediato.
La jueza Fabiana Martinelli sostuvo que la víctima murió bajo custodia del servicio penitenciario, el cual incurrió en omisiones graves al no prevenir la agresión.
Para fundamentar su fallo, la magistrada recurrió a tratados internacionales suscriptos por Argentina, junto con jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La sentencia refuerza la idea de que el Estado tiene la obligación de proteger la integridad física y moral de quienes se encuentran privados de libertad.
La jueza estableció una indemnización total de ochenta millones de pesos, a ser repartida entre los familiares del recluso fallecido.
La jueza remarcó que el concepto de seguridad estatal tiene una doble dimensión: por un lado, proteger a la ciudadanía frente al delito, pero también resguardar los derechos de los propios internos, ya que el fin último del sistema penal es la reinserción social.