La agrupación de abogados Gente de Derecho pidió al Poder Judicial que declare la inconstitucionalidad de una ley que los obliga a denunciar a sus propios clientes ante situaciones sospechosas.

"La norma vulnera, en forma manifiestamente ilegal y arbitraria, el ejercicio profesional abogadil, en lo que hace al secreto profesional, el derecho de defensa en juicio, el debido proceso, y en particular la relación cliente - abogado, con la consecuente e inevitable restricción del trabajo de los profesionales", sostuvo la presentación.

Gente de Derecho es la agrupación hoy opositora en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y es liderada por el expresidente de esa organización, Jorge Rizzo.

La causa, que quedó radicada ante el juzgado federal número diez, a cargo del juez Julián Ercolini, persigue el dictado de "una cautelar urgente de no innovar que disponga la suspensión total de los efectos" de la norma.

"Los abogados pasamos a ser sujetos obligados ante la Unidad de Información Financiera (UIF). (…) Viene a modificar sustancialmente el listado de obligados a informar sobre operaciones sospechadas de lavado de activos, financiamiento del narcotráfico y terrorismo y otros supuestos, y los procedimientos a realizar en su caso", advirtió la presentación.

"El resguardo del secreto profesional es una obligación deontológica del Abogado que lo coloca en situación de ser sancionado hasta con la exclusión de la matrícula y responder patrimonialmente. La prohibición de violar el secreto profesional está íntimamente vinculada a la garantía constitucional del derecho a la defensa y a un juicio justo, ámbito en el que normas como la propuesta afectan el Estado de Derecho y se hermanan con la ´Teoría de la Seguridad Nacional´ que permitieron a la dictadura el cierre del Congreso Nacional y convertir su criterio en ley", subrayó la presentación.

Gente de Derecho afirmó que la aplicación de esa ley "implicaría la judicialización de toda operación sospechosa cuando un abogado tenga que asesorar, asistir, patrocinar y defender a un ciudadano, quien no podrá ejercer libremente su profesión atento que estaría en juego su matrícula, su patrimonio y ser pasible de acciones penales en su contra".

"Ello –añadió la argumentación- conllevaría la violación del derecho a trabajar como abogado libremente conforme la norma que rige su actividad profesional en las distintas jurisdicciones del país en clara violación a la ley y normas provinciales que rigen el ejercicio profesional de la Abogacía y de la Constitución Nacional".

La acción judicial es una "acción declarativa de inconstitucionalidad" y está dirigida contra el Poder Ejecutivo Nacional.