El Concejo Deliberante de San Martín derogó la Ordenanza 1703/99 que habilitó a los exfuncionarios de Jorge Omar Gimenez realizar el inédito reclamo por menos de dos millones a la gestión del intendente Raúl Rufeil.

Fue como corolario de la larga sesión del viernes -la 9na. ordinaria- en la que se atendió la iniciativa del Ejecutivo de la comuna del Este mendocino mediante el Expediente 444/2020.

La medida fue tomada mediante la votación -practicada a las 15.30 del 4 de setiembre de 2020- que resultó con 8 votos a favor y 4 en contra del Frente de Todos – PJ.

Si bien durante el debate el PJ solicitó que el expediente se enviara a comisión para su análisis a último momento desde ese bloque se planteó una moción de corrección de la norma en sus artículos 3, 4 y 5. El planteo lo hizo el concejal Oscar González (PJ) quien entendió que había que dar una respuesta a la sociedad ante el embate de los exfuncionarios políticos del exintendente Gimenez quienes legalmente están reclamando que se les pague las licencias que no se tomaron y a cambio piden una compensación económica.

La derogación que resultó de la nueva Ordenanza 2969/2020, fue en virtud de la votación de los 12 ediles de San Martín. Tomada como la número 1 la derogación. Y la número 2 la moción del Frente de Todos — PJ.

Por la alternativa 1 votaron a favor: Elizabeth Cordeschi (PRO), Sergio Dubé (UCR), Érica Giménez (Libres del Sur), Romina Lisante (UCR), Daniel Llaver (UCR), Luisa Onofri (La Patria nos Llama), Mario Rivero (UCR) y Horacio Rodríguez (Partido Federal).

Por la alternativa 2 votaron a favor: Oscar González (PJ), Débora Mussato (PJ), Eduardo Quiroga (PJ) y Paula Repetto (PJ).

Un áspero debate por la polémica ordenanza

Recién pasadas las 14 fue que se comenzó a considerar la solicitud del Ejecutivo de San Martín para la derogación de la Ordenanza 170/99 sobre el régimen de vacaciones de funcionarios fuera de escala. 

El concejal Rivero marcó la imposibilidad de determinar los días trabajados “ya que los funcionarios en cuestión no marcan salida o ingreso a sus puestos de trabajo. Esto resulta en la imposibilidad de controlar los días que trabajó o no cada funcionario. Es imposible dimensionar lo que le corresponde según la fórmula polinómica determinada en la ordenanza en su artículo 5 cuando indica que cada 20 días trabajados le corresponde uno de licencia. En virtud de cuestiones técnicas es que se solicita su derogación”.

Eduardo Quiroga, del Frente de Todos – PJ, insistió que el pedido del Ejecutivo debería ser analizado en comisión “debido a la complejidad que presenta la norma”. En ese sentido pidió estudiar los distintos casos que se presenten en la comuna respecto a las relaciones laborales dentro de la Municipalidad de General San Martín.

Sergio Dubé calificó de “claro y categórico el argumento que expuso el concejal Rivero”. Y llamó la atención de la intención “del Ejecutivo de bajar los gastos del municipio y ahora resulta que casi dos millones de pesos le puede costar al vecino de San Martín por el accionar de funcionarios que gobernaron este departamento. Esto duele y mucho a quienes hacemos una actividad política. Esto hay que derogarlo y debería ser una decisión política de todos. Debemos dar un ejemplo y más en tiempo de pandemia”.

Paula Repetto, Frente de Todos – PJ, manifestó que “no estamos en desacuerdo en reformular la norma y sí darle tintes éticos pero también tenemos que estudiar en profundidad esta norma que es compleja”.

Asimismo Débora Mussato, Frente de Todos – PJ, apuntó que los dichos del concejal Rivero “fueron muy claros pero no podemos dejar de observar que este debate cae en una suerte de oportunismo político debido que esta ordenanza es del año ´99 y ni siquiera es de responsabilidad del gobierno pasado. Si la derogamos en su totalidad vamos a generar un vacío legal respecto a otras situaciones de otros funcionarios que quieran tomarse licencias. Me parece que la intención del Bloque del Frente de Todos es reformular esta ordenanza y aplicar recién ahí la derogación de la norma de 1999”.

En forma similar, Oscar González, Frente de Todos – PJ, se vio “obligado a contestarle al concejal Dubé. Creo que hay oportunismo político de dejar fuera del marco ético a la oposición. No se puede hacer de toda la política un tema ético”.

Eduardo Quiroga, Frente de Todos – PJ, preguntó: “¿Qué pasará si el mes que viene un funcionario pretende tomarse licencia habiéndose dado de baja a esta ordenanza. Si derogamos esta ordenanza bajo qué régimen se tomarán licencias los funcionarios?”.

En contestación, Dubé, prometió que “en los próximos días se elaborará una norma nueva pero mientras tanto se utilizará la normativa provincial como hacen otras comunas”, dijo aludiendo a la Ley 5811.

Una norma mala para San Martín

Daniel Llaver, Presidente del Concejo Deliberante, pero desde su puesto de concejal del Frente Cambia Mendoza – UCR, observó que “nuestro deber es darle una señal clara a la sociedad y estamos debatiendo la magnitud de los sueldos, la escasez de los recursos y surge esta situación que es inédita. Lo que se trata acá es ver si una norma es buena o es mala y vemos que va a perjudicar a las arcas del municipio y para lo único que ha servido es para proteger a los funcionarios. Esta norma no existe en otro ámbito como el provincial. Nadie dice que no se puedan tomar licencias los funcionarios. Honestamente y a título personal creo que no es necesario que se haga una norma que regule las licencias de los funcionarios. La Ley 5811 va a seguir rigiendo. Pero no podemos cobrar las licencias no tomadas. O se toman o se pierden. No es aconsejable seguir con una norma que es mala mientras se busca una nueva”.

González, antes de la votación final, valoró el discurso de Daniel Llaver y que “tal como ha sido planteada la situación es necesario tomar una determinación superadora. Y nos parece que es bueno buscar una solución que trascienda. Por eso proponemos buscar una reforma en los artículos 3 y 5”, en los que se basaron los exfuncionarios de Gimenez para realizar el polémico reclamo. 

“En cuanto al artículo 5 proponemos que se diga que en ningún caso las vacaciones no tomadas podrán ser compensadas con dinero. Con esto se resguarda a la función pública y a la política. Y en cuanto al artículo 3 proponemos dejar los 21 días de vacaciones para todo el mundo”, explicó González.

Dubé aceptó la sugerencia planteada por González “con el fin de tener una norma a futuro pero en este caso estamos convencidos que hay que derogar esta ordenanza”.

Rivero además apuntó que “el artículo 4 también tiene errores serios. El inciso 6 del artículo 4 plantea serias deficiencias técnicas. Por esto creemos que habría que derogarla y después trabajar en una nueva ordenanza”.

No fue hasta las 15.30, cuando se reanudó la sesión luego del último cuarto intermedio solicitado desde el justicialismo, que se procedió a la votación de la iniciativa y que resultó en la aprobación de la derogación de la Ordenanza 1703/99.

Votación sobre tablas

La derogación de la Ordenanza 1703/99 antes debió sortear algunas instancias hasta llegar al momento de la votación en la sesión que inició a las 11.36.

El concejal Sergio Dubé solicitó el tratamiento sobre tablas de distintos expedientes entre los que se incluyó la derogación de la Ordenanza 1703/99 solicitada desde el Ejecutivo Municipal por medio del Expediente 444/2020. Dicha norma habilitó el reclamo de los funcionarios políticos, fuera de escala, que no hubieran gozado sus vacaciones en calidad de compensación monetaria.

En forma virtual, el edil Eduardo Quiroga, Frente de Todos – PJ, solicitó la palabra para oponerse al tratamiento sobre tablas de dicho expediente. En cambio pidió que fuera tratado en comisión, al igual que el Expediente 456/2020, que por medio de un proyecto de declaración se pidió el rechazo al tratamiento y aprobación de la reforma judicial impulsada por Alberto Fernández.

12.00

En votación se decidió que el primer expediente fuera tratado sobre tablas y el segundo (el 456/2020) pasara para su análisis en comisión.

12.58

A pesar de que el Expediente 456/2020 pasara a comisión para su estudio el concejal Sergio Dubé marcó “lo que sucedió el martes cuando a los diputados -de la Nación- se les prohibió expresarse habiendo siendo considerados como ausentes. Estamos a un paso de un golpe institucional. Se les prohibió la voz a los legisladores opositores. Esto muestra el estado de gravedad desde lo institucional lo que está sucediendo en la República Argentina. No nos podemos acostumbrar a un hecho anormal como lo del día martes. Es una barbaridad lo que ha ocurrido”.

En contestación, Débora Mussato, Frente de Todos – PJ, manifestó no encontrarle “relación al expediente en sí con lo comentado por el concejal (por Dubé)”.

13.30

Paula Repetto argumentó su apoyo a la suspensión de modificaciones de los adicionales que disminuyan los ingresos de empleados municipales debido a que esa medida repercutiría en los sueldos. A su turno Mario Rivero coincidió con Repetto y aclaró que el expediente se envió a archivo debido a que “estaba mal redactado”.

Oscar González intervino manifestando que “la opción de discrecionalidad no es una consideración errónea ya que está contemplada por los principios de la Constitución. No veo en ese punto una falla técnica. Creo que es una necesidad ya que el proyecto pretende no suspender los adicionales que son legales”.

“Si está la voluntad de defender los salarios de los municipales, sobre todo de los más básicos, se podría analizar y en su caso corregir utilizando la terminología que nos deje satisfechos a todos. Estas dificultades están sucediendo en el ámbito provincial”, manifestó González.

Mario Rivero, consideró que la iniciativa podría entrar en lo que se considera “un conflicto de poderes. No se puede suspender por ningún lapso porque caen en el ámbito de la discrecionalidad del Poder Ejecutivo”.

En votación se determinó que el Expediente 359/2020 que pasara a archivo. En total, en la sesión en la que hubo 8 concejales presentes y 4 conectados por la plataforma Zoom, se trataron 89 expedientes de diversa índole.