Martín Appiolaza, director de Prevención, Participación Comunitaria y Derechos Humanos de la Municipalidad de Godoy Cruz, cuestionó duramente la política del gobierno nacional respecto a la tenencia de armas. Consideró que la flexibilización impulsada por el presidente Javier Milei implica un retroceso de más de 20 años en términos de control, regulación y seguridad pública.

En diálogo con Radio Jornada 91.9, Appiolaza explicó que las medidas recientes no solo amplían el mercado legal de armas, sino que también incrementan los riesgos asociados al mercado negro, el contrabando y los delitos con armas de fuego. "El Estado no debería replegarse, sino ser más eficiente y fortalecer su capacidad de control", afirmó.

De una política de Estado a una liberalización peligrosa

Appiolaza contextualizó históricamente el problema. Recordó que, tras décadas de descontrol, corrupción y proliferación de armas, Argentina logró en los años 2000 avanzar hacia una política consensuada de desarme, control y regulación. "Fue una política transversal, con respaldo de todos los partidos políticos", explicó. Ese proceso incluyó la creación de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC), que reemplazó al viejo RENAR, quitando a la industria armamentista la capacidad de financiar y condicionar al organismo regulador.

Sin embargo, advirtió que el actual gobierno está desmantelando esa política. "La derogación de la ANMAC no es un recorte de gastos: es resignar la capacidad del Estado de controlar el acceso y uso de armas", señaló. También alertó sobre la flexibilización de requisitos, como la reducción de edad mínima para acceder a un arma o la autorización para tenencia de fusiles semiautomáticos, lo cual "incrementa los riesgos de tiroteos, suicidios y femicidios".

También las armas legales amplían el mercado ilegal

El funcionario sostuvo que incluso las armas que terminan en el crimen organizado alguna vez ingresaron al circuito legal. "Una pistola que hoy está en el mercado negro, probablemente fue fabricada, vendida y registrada legalmente en algún momento", explicó. Por eso, consideró que facilitar el acceso a armas no solo amplía el mercado legal, sino también el ilegal. "A más armas disponibles, mayor riesgo de robo, contrabando y uso criminal", subrayó.

También señaló que Mendoza fue pionera en aplicar sanciones severas a los delitos con armas de fuego, pero lamentó que esa política no se replica a nivel nacional. Y agregó un alerta regional: "Cada vez aparecen más armas argentinas en manos del crimen organizado en Chile y Brasil. Si acá se relajan los controles, las armas migran a países vecinos".

Los riesgos invisibles de la violencia cotidiana

Appiolaza destacó que el acceso a armas también multiplica los riesgos en contextos cotidianos. "Peleas de tránsito que hoy terminan a los gritos, con armas pueden terminar a los tiros. Las piñas matan menos que las balas", ejemplificó. También advirtió sobre el peligro doméstico: "El grupo más afectado por la violencia armada son las mujeres. Y con más armas en casas, también hay más riesgo de suicidios y accidentes con niños".

Finalmente, lamentó que se pierda una política pública basada en la evidencia. "Muchos países avanzaron en limitar el acceso a las armas no por capricho ideológico, sino porque los datos lo respaldan. Acá estamos yendo en la dirección contraria", dijo. Y concluyó: "En un contexto social de altísima conflictividad, liberar el acceso a las armas es como echar nafta al fuego".