La seguridad de los mendocinos sumará nuevas herramientas debido a la aprobación de convenios interprovinciales con San Juan y San Luis. Se trata de acuerdos que buscan coordinar acciones, unificar controles en las fronteras y compartir tecnología para prevenir delitos que traspasan la jurisdicción de las provincias. 

En diálogo con "Matinal" en Radio Jornada 91.9, el senador Walther Marcolini explicó que estas iniciativas, impulsadas por el Ejecutivo y el Ministerio de Seguridad, lograron consenso unánime en la Cámara Alta. Ahora resta que Diputados les dé sanción definitiva.

Un convenio marco para Cuyo

El convenio principal fue firmado en mayo de 2024 por los gobernadores Alfredo Cornejo (Mendoza), Marcelo Orrego (San Juan) y Claudio Poggi (San Luis). Luego, fue ratificado por decretos y finalmente recibió el aval legislativo.
El acuerdo establece la interoperabilidad de las cámaras de seguridad, la coordinación de controles fronterizos y la optimización de recursos humanos y materiales. "La idea es que no haya vacíos cuando un delito atraviesa una jurisdicción", señalaron desde el Senado.

Controles unificados y encuadre legal

Uno de los puntos más destacados es la creación de controles únicos en los límites provinciales. En el caso de Mendoza y San Juan, ya se trabaja en un plan maestro que incluye infraestructura, capacitación y protocolos operativos.
Los acuerdos también prevén una prórroga de jurisdicción, lo que garantiza la validez legal de los procedimientos en territorio compartido. Así, si un vehículo robado cruza de una provincia a otra, la alerta se activará en ambas jurisdicciones de manera simultánea.

Hacia una política regional de seguridad

La iniciativa cuenta con el involucramiento directo de los gobernadores y sus equipos. Según Marcolini, esto permite transformar la seguridad en una verdadera política de Estado regional. "El delito no respeta fronteras y la gente exige respuestas. Con esta cooperación se busca dar mayor efectividad a los controles y mejor uso de los recursos", explicó.

Los convenios de seguridad, además, resultan claves para abordar delitos complejos como la trata de personas, donde la coordinación interjurisdiccional es esencial. Con el aval unánime en el Senado, se espera que en las próximas semanas la Cámara de Diputados complete el trámite legislativo.