La Legislatura de Mendoza dio media sanción a la reforma del Estatuto del Empleado Público, una normativa que regía desde 1973. El proyecto, impulsado por el Poder Ejecutivo provincial, introduce cambios en el régimen de estabilidad y en las condiciones de ingreso y ascenso dentro del Estado.

En diálogo con Radio Jornada 91.9, la diputada radical Beatriz Martínez, miembro informante por el oficialismo, defendió la iniciativa al señalar que no se trata de un recorte de derechos adquiridos, sino de un "aggiornamiento necesario" para ordenar la administración pública y garantizar la igualdad de condiciones a través de concursos transparentes.

Una norma desactualizada

Martínez recordó que el estatuto vigente fue redactado hace más de 50 años y que, en este tiempo, surgieron leyes y fallos que entraron en contradicción con su contenido. Entre ellas mencionó la Ley de Procedimiento Administrativo (2017), la Ley de Responsabilidad del Estado (2017) y la Ley de Administración Financiera (2014).

"Había un tema de actualización normativa por un lado, y por otro, adecuar el estatuto a los fallos plenarios de la Corte que fijan criterios sobre cesantías y estabilidad", explicó la diputada. Según dijo, el objetivo es darle coherencia al marco legal y evitar interpretaciones contradictorias en la justicia.

El debate sobre los empleados interinos

Uno de los puntos que más resistencia generó entre los gremios estatales es la incorporación al estatuto de la figura del "personal interino", es decir, quienes ingresaron al Estado sin concurso.

"La figura existe desde hace años, pero no estaba prevista en la norma", aclaró Martínez. Subrayó que los interinos no perderán automáticamente sus puestos, pero que, cuando se llame a concurso por una vacante, deberán competir en igualdad de condiciones con otros postulantes.

"El interés central es que el Estado esté administrado por las personas más idóneas, más allá del gobierno de turno. Eso asegura continuidad, eficiencia y un mejor uso de los recursos de los ciudadanos que pagan impuestos", afirmó.

Críticas al tratamiento exprés

La oposición y los sindicatos cuestionaron la rapidez del trámite legislativo: el proyecto ingresó hace 21 días y ya obtuvo media sanción. Ante estas críticas, Martínez defendió el procedimiento: "Se trabajó en comisiones, se escuchó a los asesores del Ejecutivo, se invitó a los gremios a presentar aportes. La oposición decidió votar en contra sin proponer modificaciones".

Sobre el contexto electoral, la diputada consideró que el debate hubiera generado polémica en cualquier momento: "En algún momento las cosas hay que hacerlas. La ciudadanía también evalúa a los gobiernos y a la Legislatura por lo que hacen".

Cómo sigue el tratamiento en la Legislatura

El proyecto ahora pasará al Senado, donde se descuenta su aprobación. Los gremios ya anticiparon posibles planteos judiciales, aunque desde el oficialismo remarcan que los derechos adquiridos no se verán afectados y que la nueva norma regirá únicamente para futuros ingresos.

Martínez concluyó que la reforma busca modernizar la administración pública y garantizar un principio básico: "Que los empleos en el Estado se definan por concursos transparentes, en igualdad de oportunidades, como marca la Constitución".