En medio de una nueva discusión social sobre la minería en Mendoza, se está desarrollando en Uspallata una de las audiencias públicas más numerosas del país, con más de 2.000 oradores inscriptos. El proceso, que busca evaluar el impacto ambiental del Proyecto San Jorge (PSJ Cobre Mendocino) continuará durante varios días más.
En diálogo con Radio Jornada 91.9, el director de Minería de la provincia, Jerónimo Shantal, consideró que el debate se da dentro del marco legal y con amplias garantías de participación. Valoró la masividad del evento, detalló los pasos que siguen al proceso de escucha pública y respondió a las críticas por la elección de la sede.

Una audiencia "híbrida" en el corazón del proyecto

Shantal calificó como "muy positivas" las jornadas presenciales realizadas hasta el momento en Uspallata. "Hemos tenido condiciones óptimas para que todos puedan participar, con calefacción, seguridad, Wi-Fi y alimentos", detalló. También aclaró que el formato es híbrido, con más de 800 oradores presenciales y 1.300 virtuales.

Ante las críticas por la elección del lugar, explicó que si bien la ley indica que la audiencia debe realizarse donde reside la autoridad ambiental -es decir, la Ciudad de Mendoza-, decidieron repetir la experiencia de la mina Don Ernesto y hacerla en el sitio del proyecto: "Permite a las personas dimensionar el clima, la biodiversidad y el entorno logístico donde se planea operar. 

Respuesta a cuestionamientos y funcionamiento de los controles

Consultado sobre la participación de sectores que realizaron audiencias paralelas o protestas, el funcionario respondió: "No entendemos por qué se oponen si la audiencia pública está dentro del procedimiento legal, avalado por la Justicia, con transporte gratuito y amplia convocatoria. Incluso expusieron varias personas en contra del proyecto".

Shantal también denunció el accionar de algunos exlegisladores: "Trataron muy mal a los chicos de la Autoridad Ambiental Minera. Vinieron a romper reglas que estuvieron publicadas desde el principio. Los legisladores deberían dar el ejemplo y cumplirlas".

En cuanto a los mecanismos de control ambiental, enumeró cuatro: la Policía Ambiental Minera, la Unidad de Gestión Ambiental (UNGA), los organismos públicos con poder de fiscalización y el control comunitario mediante denuncias y monitoreos participativos. Aseguró que "no existe un cheque en blanco" y que el permiso ambiental puede ser revocado ante cualquier incumplimiento.

Plazos y licencias de PSJ Cobre Mendocino

El director de Minería explicó que una vez finalizada la audiencia, hay cinco días para recibir presentaciones por escrito, luego se elabora un informe circunstanciado y se dictará una resolución. Si esta es favorable, el proyecto deberá ser tratado en ambas cámaras legislativas, como exige la ley 7722.

En paralelo, la empresa planea una etapa de factibilidad de entre 10 y 12 meses, seguida por una construcción de 24 meses antes de comenzar la operación, con una vida útil estimada de 16 años. "Durante la construcción se generarían 3.900 empleos y otros 2.000 en la etapa operativa", señaló Shantal.

Frente a la eterna polémica sobre la minería en Mendoza, el funcionario concluyó: "La licencia social se logra con confianza en los controles. El 90% de los oradores hasta ahora se expresaron a favor del proyecto. Nuestra obligación es garantizar un Estado eficiente, con profesionales rigurosos, que no se dejen influenciar por ningún empresario