La Ley de Emergencia en Discapacidad fue sancionada y promulgada, pero su aplicación efectiva sigue postergada, dejando a varias personas en una situación crítica. Juan Carlos González Olsina, defensor de las Personas con Discapacidad en Mendoza, alertó en "Lado A" en Radio Jornada 91.9 sobre los efectos de estas demoras en la vida cotidiana de los beneficiarios.

González Olsina remarcó que esta postergación no solo afecta el cobro de pensiones, sino también otros derechos esenciales como la salud, la rehabilitación y la atención mediante obras sociales.

 La suspensión de pagos durante meses evidencia las limitaciones que aún enfrenta el sector a pesar de los avances legislativos.

Como afecta la suspensión de pensiones a los discapacitados

El defensor explicó que muchas pensiones fueron suspendidas de manera irregular, incluso cuando las personas habían cumplido con las auditorías o presentado la documentación requerida. 

"Tres meses sin una pensión son mucho tiempo para la vulnerabilidad de una persona", señaló González Olsina, subrayando que los montos promedio de las pensiones rondan los 280 mil pesos, esenciales para alimentación, medicamentos y cuidados básicos.

La falta de cumplimiento de la ley vulnera derechos

González Olsina destacó que la Ley de Emergencia en Discapacidad fue diseñada para atender una crisis en tránsito y proteger derechos fundamentales reconocidos por la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. 

Según el defensor, la demora en su aplicación no solo retrasa beneficios económicos, sino que también pone en riesgo la rehabilitación, la medicación y otros servicios esenciales para la vida diaria de las personas con discapacidad.

La opción de la judicialización

Ante la dilación en la implementación de la ley y la suspensión de pensiones, el defensor anticipó que podrían ser necesarias acciones judiciales para garantizar los derechos de los beneficiarios. Aunque se busca evitar la judicialización masiva, González Olsina advirtió que el camino del Poder Ejecutivo complica la resolución rápida de estos problemas y podría obligar a los afectados a recurrir a tribunales federales para obtener sus prestaciones.

Mientras tanto, organizaciones y defensores del país preparan acciones para garantizar la efectiva implementación de la Ley de Emergencia en Discapacidad. 

La prioridad, insistió González Olsina, es proteger el equilibrio social y asegurar que las personas con discapacidad reciban en tiempo y forma los recursos y servicios que les corresponden.