Este jueves, docentes, estudiantes y trabajadores de universidades públicas de todo el país llevan adelante una jornada nacional de visibilización frente a la crítica situación que atraviesa el sistema universitario y científico argentino. Las acciones tienen como eje el reclamo por el brutal ajuste presupuestario aplicado por el Gobierno Nacional, que ya redujo un 44% la inversión educativa nacional, según datos oficiales.

En diálogo con "Lado A" en Radio Jornada 91.9, Francisca Staiti, secretaria general de CONADU Histórica, explicó que, además de las movilizaciones, se busca impulsar en el Congreso el tratamiento del proyecto de Ley de Financiamiento Universitario, que fue redactado por toda la comunidad educativa. Alertó también sobre el riesgo de que el presidente Javier Milei vete la ley, incluso si logra sanción definitiva.

Salarios en caída y fuga de profesionales

Staiti describió un escenario de "profundo desfinanciamiento" que se expresa con fuerza en los salarios docentes. Un profesor universitario con dedicación exclusiva y diez años de antigüedad apenas supera el millón de pesos, pero gracias a la garantía salarial, no al salario real. Un docente semi-exclusivo cobra $500.000, y uno con dedicación simple, $250.000.

La dirigente remarcó que la paritaria salarial docente está "destruida, cancelada por decreto" y no se actualiza desde octubre de 2023. En junio, la recomposición salarial fue del 0%. Como consecuencia, muchos docentes deben asumir trabajos ajenos a su formación o incluso abandonar la universidad. La fuga de investigadores y científicos representa un daño "irreparable a corto plazo", afirmó.

Una ley para sostener a la universidad pública que eluda el veto

Ante este panorama, las organizaciones universitarias elaboraron un proyecto de Ley de Financiamiento Universitario. La iniciativa fue consensuada entre federaciones docentes, nodocentes, la FUA y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). Propone garantizar fondos para salarios, becas, funcionamiento institucional, investigación, extensión y hospitales universitarios.

El proyecto comenzaría a tratarse el 2 de julio en las comisiones de Educación y de Presupuesto de Diputados. Incluye fuentes de financiamiento compatibles con el "déficit cero", para contrarrestar argumentos del Gobierno. También responde al posible veto presidencial, una amenaza latente a pesar de que las paritarias están paralizadas desde hace ocho meses.

Movilizaciones, firmas y presión política

Además de la jornada de lucha, el CIN lanzó una campaña para recolectar un millón de firmas en apoyo a la universidad pública. CONADU Histórica mantiene un paro nacional y en Buenos Aires se realizaron acciones como el abrazo al Hospital de Clínicas y una marcha de antorchas hacia la Secretaría de Educación.

Las movilizaciones se replican en distintas provincias. En paralelo, representantes gremiales y universitarios mantienen reuniones con legisladores nacionales para sumar apoyos al proyecto de ley y evitar el veto presidencial. Sin embargo, hasta ahora no han obtenido respuestas del Ministerio de Capital Humano ni de otras áreas del Ejecutivo.

"La universidad pública está en riesgo y no vamos a quedarnos de brazos cruzados", sostuvo Staiti. Y concluyó: "Vamos a seguir en la calle para que la ley sea ley".