La diputada provincial Cintia Gómez (LUM) presentó un proyecto de ley que busca descentralizar la gestión del arbolado público en Mendoza, transfiriendo a los municipios las competencias de mantenimiento, conservación, poda y reposición de ejemplares que actualmente se encuentran bajo la órbita de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV).
La iniciativa surge tras el reciente accidente fatal en Maipú, donde una mujer perdió la vida al caer un árbol sobre su automóvil durante un temporal. Para la legisladora, el hecho expuso las falencias del esquema actual y la necesidad de contar con una respuesta más cercana y eficiente frente a los riesgos que presentan los árboles en mal estado.

En diálogo con "Agenda Abierta" en Radio Jornada 91.9, Gómez explicó que los municipios "son quienes reciben los reclamos de los vecinos, pero muchas veces no pueden actuar porque la jurisdicción pertenece a Vialidad". En ese sentido, sostuvo que el objetivo es "eliminar burocracias y permitir que las comunas puedan intervenir con rapidez, sin quedar sujetas a autorizaciones que demoran las soluciones y pueden derivar en tragedias".

Una gestión más ágil y cercana al territorio

El proyecto plantea una transferencia formal de competencias desde la DPV hacia los municipios, pero manteniendo la asistencia técnica y el financiamiento provincial. De esta manera, se busca que la provincia no quede eximida de responsabilidades, sino que redefina su rol hacia la planificación, el control y el apoyo operativo.
Según el texto, la Dirección de Vialidad y la Secretaría de Ambiente deberán entregar relevamientos actualizados y garantizar la transferencia de recursos económicos, maquinaria y capacitación del personal. Cada municipio deberá, a su vez, establecer por ordenanza sus propios protocolos de intervención.

Emergencias fitosanitarias y prevención

Uno de los puntos innovadores de la iniciativa es la creación de un mecanismo de emergencia fitosanitaria, que habilita a los municipios a intervenir de inmediato cuando se detecten riesgos estructurales o fitosanitarios. Este instrumento busca evitar siniestros como el de Maipú, donde -según la diputada- los reclamos se habían realizado dos años antes sin respuesta efectiva.
"Si hubiésemos tenido esa herramienta legal antes, se podría haber actuado a tiempo", señaló Gómez, quien destacó la necesidad de actuar con rapidez ante árboles secos o enfermos para resguardar la seguridad de los vecinos.

Preservar el patrimonio verde

El proyecto también sostiene que cada árbol que se corte debe ser repuesto y priorizar la preservación de especies autóctonas o adaptadas a las condiciones ambientales locales. En esa línea, Gómez aclaró que "no se trata de cortar por cortar, sino de intervenir con criterios técnicos y reemplazar los ejemplares deteriorados por nuevos árboles que mantengan el equilibrio ambiental".
La propuesta, en tratamiento en la Legislatura, tiene como fin  fortalecer la gestión local sin que el  Estado provincial deje de lado su responsabilidad,  lo que propone es una intergestión, que combine prevención y preservación del patrimonio verde mendocino.