El sistema de atención a la discapacidad en Argentina atraviesa una crisis sin precedentes que pone en riesgo derechos básicos de miles de personas y sus familias. Así lo advirtió el abogado y referente nacional en la materia Juan Cruz San Martín, quien alertó por el desfinanciamiento de prestaciones esenciales, la complejización de trámites y la pérdida de profesionales ante pagos insuficientes y demoras insostenibles.

En una entrevista con Radio Jornada 91.9, San Martín detalló cómo las políticas de ajuste, la falta de actualización de aranceles y la desarticulación de servicios ponen al borde de la extinción al sistema integral de protección, pese a los compromisos asumidos por la Constitución y los tratados internacionales. "Las familias viven con la angustia de no saber si el mes próximo tendrán transporte, escuela o tratamiento para sus hijos", advirtió.

Una realidad calamitosa para miles de familias

Según explicó San Martín, la situación actual es "calamitosa" para la discapacidad, porque se combinan tres factores graves: el endurecimiento y trabas en los trámites para obtener el Certificado Único de Discapacidad (CUD); la parálisis de la obra social estatal Incluir Salud, que hace más de un año y medio no entrega nuevas credenciales; y el desfinanciamiento de las prestaciones con aranceles congelados y pagos a seis meses o más. Todo esto genera que transportistas, terapeutas y profesionales abandonen el sistema por inviabilidad económica.

El abogado subrayó que la estigmatización de los beneficiarios desde el discurso oficial agrava la situación, al instalar la idea de que el CUD se otorga sin control. "Es mentira que se entrega como un paquete de cigarrillos. Los controles existen, pero ahora hacen imposible el acceso para quienes realmente lo necesitan", aseguró.

Ajuste encubierto y vulneración de derechos

San Martín denunció además la estrategia estatal de citar masivamente a personas con discapacidad a puntos de auditoría lejanos, generando traslados imposibles y situaciones humillantes para quienes tienen movilidad reducida. "Se están burlando de la gente. Citan a 300 personas con autismo al mismo lugar, a la misma hora, a 100 kilómetros de su casa", relató.

En este contexto, destacó la importancia del proyecto de Ley de Emergencia en Discapacidad que impulsa la oposición para frenar el desmantelamiento y garantizar procesos amigables y respetuosos de los derechos humanos. "El sistema está al borde del colapso. Si cae, las consecuencias serán irreparables para las familias que dependen de estos servicios para sobrevivir dignamente", advirtió.