Por Alejandro Bercovich Especial BAE Negocios

Cada vez que recibe a un empresario, en persona o por WebEx, y después del cruce de saludos que la pandemia obligó a enfriar un poco, Alberto Fernández recita el mismo mantra.

-Lo que pasó, pasó. Miremos para adelante.

Es una contraseña para zanjar los prejuicios que mantiene buena parte del establishment frente a un gobierno al que insisten en llamar “kirchnerismo” tanto sus opositores más recalcitrantes como los medios de comunicación mejor financiados, incluso por la pauta publicitaria pública y los subsidios oficiales anti-COVID. Una especie de cono del silencio para evitar ventilar detalles de su relación con la vicepresidenta, imán infalible de esos prejuicios pero portadora a su vez de los suyos propios.

El Presidente está convencido de que la reconstrucción demandará esfuerzos mancomunados con hombres de negocios con quienes mantiene una relación tirante, como Paolo Rocca. Al magnate dueño de Techint, por ejemplo, todavía le guarda rencor por el plantazo que le pegó en Olivos dos meses atrás, cuando lo invitó junto a Luis Pagani (Arcor), Luis Perez Companc (Molinos), Daniel Herrero (Toyota), Miguel Acevedo (Aceitera General Deheza), Marcos Bulgheroni (Panamerican Energy), Javier Madanes (Aluar) y Martín Migoya (Globant), entre otros, para pedirle apoyo para la post-pandemia. Y sin embargo acaba de avalar el pacto que selló Matías Kulfas con Tecpetrol, la petrolera de Rocca: un borrón y cuenta nueva para reponer hacia adelante los subsidios a la perforación de nuevos pozos en Vaca Muerta y aligerar en USD450 millones el reclamo judicial por casi 1.600 millones que inició Rocca cuando Gustavo Lopetegui recortó unilateralmente las subvenciones que antes había firmado Juan José Aranguren.

En el Gobierno sospechan que la generosidad inicial de Aranguren con Rocca puede haber respondido a razones metálicas y no precisamente de acero. Pero como no consiguieron probarlo, optaron por relanzar el Plan Gas y fijar un esquema de incentivos menos costoso para el fisco que aquella resolución 46/2017 de Aranguren. Implícitamente admiten, como lo hicieron los técnicos de la Subsecretaría de Hidrocarburos en las reuniones con Tecpetrol, que la “T” le exigió a Macri demasiado pero que las inversiones las hizo. En apenas dos años y medio, el yacimiento Fortín de Piedra pasó a inyectar más gas que Loma La Lata, de YPF. Casi 15% del consumo nacional.

De algún modo es una indulgencia. Una admisión de que el empresario argentino es producto de sus circunstancias, como escribió Aldo Ferrer en una de sus últimas obras. Fernández coincide con el difunto exministro en que si los ejecutivos más innovadores del mundo fueran transplantados a la Argentina, se volcarían a la especulación y a la fuga de divisas en un abrir y cerrar de ojos. Y que si los nuestros fueran al Sudeste Asiático no tendrían nada que envidiarles a chaebols coreanos como Samsung o Kia. Que los empresarios son, en definitiva, una construcción política. Sus falencias son las del Estado.

El libro donde Ferrer desplegó esa caracterización –“El empresario argentino”- fue editado en 2014 por Capital Intelectual, la editorial de Hugo Sigman. El mismo con quien Fernández inauguró a principios de marzo la nueva planta de mAbxience, el laboratorio de Garín donde esta semana se anunció que se producirá la vacuna de Oxford y AstraZeneca. Tampoco es casualidad. El magnate farmacéutico, dueño de la sexta fortuna del país y afiliado en su juventud al Partido Comunista, encarna ese modelo de burgués nacional que para el peronismo, a esta altura, ya es un sueño eterno. La contradicción entre lo público y lo privado, en boca de Sigman, siempre aparece como “colaboración”.

Talón de Aquiles

Otro rutilante miembro del círculo rojo macrista a quien el Presidente decidió indultar para desagrado de algunes de sus aliades es Marcelo Mindlin, el supuesto comprador de la constructora IECSA, del grupo SOCMA, y abrepuertas del expresidente vacacionante en su viaje iniciático a Davos, aquel al que lo acompañó Sergio Massa en enero de 2016. Mindlin no solo escuchó sonriente los elogios de Fernández en su última inauguración sino que ahora negocia con la YPF de mayoría estatal la compra de la mitad de la central térmica Ensenada Barragán, donde ya tiene el otro 50%.

Para comprar su mitad, YPF puso en su momento 100 millones de dólares. Ahora Pampa le ofrece 120 millones pero al tipo de cambio oficial, una oferta que no termina de convencer a su CEO, Sergio Affronti, ni a su chairman, Guillermo Nielsen. Pero como necesita el dinero, la petrolera evalúa la oferta de Mindlin seriamente. Una vez más, el pragmatismo quiebra los prejuicios. Y en este caso los menos pensados, porque en el mercado energético nadie ignora la influencia del Instituto Patria sobre YPF.

El pasado que ninguna de las tres patas políticas del Frente de Todos quisiera reeditar es el del devidismo agónico del último mandato: un esquema de tarifas congeladas y subsidios crecientes que obligó al fisco a importar cada vez más energía y a hacerlo cada vez más caro. El “talón de Aquiles del modelo” que coinciden en identificar dos economistas de kilataje propio en la coalición oficialista que han chocado entre sí, siempre amablemente pero más de una vez: Axel Kicillof y Matías Kulfas.

El fantasma estuvo a punto de corporizarse tres semanas atrás, con el pico de frío en la Patagonia. “Nos hacemos los cancheros pero estuvimos al límite. Esas semanas hubo que sacar gas de todos lados y hasta cortarles a los interrumpibles. Si no fuera por lo que laburó CAMMESA, los apagones de Edesur habrían sido un poroto”, admitió ante BAE Negocios uno de los máximos responsables del área. Además de ese reconocimiento, también hay unánime coincidencia público-privada en que el secretario Sergio Lanziani no tiene nada del mérito. Si aún no fue removido del cargo es porque hubo cosas más importantes que anunciar.

Colectoras del Curro

Con esos empresarios que considera indispensables para la recuperación, lo que pretende el Presidente es establecer un toma y daca lo más justo posible. “Que haya un clearing de solicitudes, como una ventanilla única, y que nosotros podamos plantearles ahí la contrapartida que pretendemos de ellos en términos de inversión y empleo”, explicó a este diario uno de los ministros del gabinete económico. Pero con otros no hay diálogo ni trabajo conjunto posible. Y ahí se cuentan, por ejemplo, los exsocios de Macri en los Accesos Norte y Oeste, cuya concesión el Estado ya decidió rescindir.

Los lobistas de Abertis, la socia mayoritaria de ambas concesiones, gestionan una llamada telefónica del magnate español Florentino Pérez al propio Fernández a través de la embajada ibérica. Su CEO local, Esteban Pérez, sondeó incluso como puente al diputado Facundo Moyano, a quien conoce por haber negociado con él las paritarias del sindicato del peaje. La decisión de correr a los exsocios de Macri de la operación de las dos autopistas más transitadas del país, sin embargo, está tomada. Tal como se informó en esta columna la semana pasada, lo que le falta definir al Presidente es qué hacer después.

El derrotero a seguir puede ser el de los corredores PPP que inventó el procesado Guillermo Dietrich como un negocio financiero para la patria contratista y que ni siquiera llegaron a terminar un carril. El ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, ya pactó con Eduardo Eurnekian (otro a quien identifican como “colaborador”) que en 40 días restituirá al Estado el llamado corredor panamericano. Lo administrará Corredores Viales, que conduce Gonzalo Atanasof.

Lo que aconsejó técnicamente y por escrito la Procuración del Tesoro es una rescisión lisa y llana del contrato que prorrogó hasta 2030 la concesión de esos peajes, independientemente de la deriva que siga la causa penal donde no solo fue procesado Dietrich sino también Nicolás Dujovne, Javier Iguacel y Bernardo Saravia Frías. Lo que hicieron esos exfuncionarios no solo es delito, argumentan, sino que además convierte en nulo el contrato administrativamente.

En la Procuración, Carlos Zannini encontró informes de la época de Carlos Balbín que indicaban que como mucho los concesionarios podían reclamar 70 millones de dólares por peajes no cobrados. Dietrich les reconoció 750 millones. Y para peor lo hizo en un contrato a 12 años, dolarizado y con cláusulas de actualización. La controlante Abertis, el año pasado, distribuyó entre sus accionistas dividendos por la friolera de 875 millones de euros.

Como los prejuicios de públicos y privados suelen nublar la vista, la información llega tergiversada a quienes toman decisiones. El cristinista Zannini, por ejemplo, desaconsejó internamente la expropiación de Vicentin y está mucho más conforme con el plan actual de dejar el futuro de la cerealera en manos de la justicia comercial. El macrista Horacio Rodríguez Larreta, por su parte, aprovecha para los gastos generales de su gestión un 60% de los ingresos que le reportan las cabinas de peaje de la estatal AUSA. ¿Alguien de su partido se atreverá a acusar de chavista o de estalinista a Fernández si estatiza las autopistas del curro?

Los lobistas viales se saben en offside pero apuestan, gajes del oficio, a construir el puente. Por eso archivaron por ahora el convenio que estuvieron a punto de firmar con MercadoPago el mes pasado para que procesara los pagos de peaje a través del sistema UniPase, un holding de empresas donde participa el autoexiliado Nicky Caputo. Intuyeron que esos dos nombres -Caputo y Marcos Galperín- no están en la lista de aquellos con los que un gobierno peronista puede mirar hacia adelante.