Por Roberto Follari, Especial para Jornada
En pleno enero, con 36 grados de temperatura, a las 13 y 14 hs, en mediodía de calor apabullante. La protesta lo dejó claro: el ajuste no va a pasar sin enorme costo y reacción social. Y ello, sabiendo que es el mejor momento del presidente (todo futuro le será más desfavorable, por el desgaste que el poder produce) y que en febrero y marzo continuará la inflación, pero con el agregado de aumento de tarifas y sin el medio aguinaldo que ayudó a los bolsillos en enero.
Mientras, se atravesó la cuestión de la ley en Diputados, un terreno que para el gobierno aparece más favorable que el que luego deberá enfrentar en Senadores. Los problemas son de todo tipo. Errores procedimentales inauditos: la ley no fue redactada en los ministerios, de los cuales ni la firma aparecía en el proyecto; la convocatoria a extraordinarias no decía que era para esta ley, lo que hace inválido discutirla en esas sesiones; intervino Sturzenegger, que no tiene cargo formal en el gobierno; la aprobación en general no se hizo sobre el texto, de modo que se firmó “en blanco”, y el proyecto fue modificado al día siguiente. Una serie de anormalidades -las señaladas no son todas- que hacen a la posible ilegalidad del procedimiento completo, la cual podría declararse a partir del pedido de nulidad elevado al poder judicial por diputados de la izquierda.
Si en lo judicial hay problemas, es porque desde el comienzo los hubo en lo político. La aparición de Nicolás Caputo en el recinto -tampoco se sabe si detenta algún cargo- fue porque el oficialismo hacía agua a la hora de imponer sus criterios en la negociación con la “oposición amigable” (UCR, más el bloque dirigido por Pichetto y el bloque de partidos provinciales). Ya se dice que Martín Menem tiene contados sus días en la dirección de la Cámara: lo cierto es que se negocia en sitios aledaños al Congreso (hoteles, bares, domicilios privados, tal cual ha trascendido), se acuerdan puntos, y cuando se los lleva a las máximas autoridades, luego se los desautoriza o modifica. Se sabe que muchos diputados creyeron votar una cosa, y encontraron luego que el nuevo proyecto decía otra cosa diferente.
Para colmo, en esa negociación aparecen personajes que, como Sturzenegger, todos saben que participa pero nadie sabe por qué. O mejor: todo el mundo conoce sus posiciones ligadas al stablishment y las grandes empresas, pero no tiene cargo oficial de gobierno. Allí aparece en las negociaciones, y hasta un paciente Pichetto perdió los estribos y dijo que él abandonaba los intercambios si allí estaba “ese tarado” (sic, según la versión que se dio por televisión).
Se completa el panorama con las formas agresivas con las que el presidente ha tratado a diputados y gobernadores, en su intento de doblegar sus voluntades. Se los ha tildado de coimeros, corruptos, se ha dicho que se investigará sus patrimonios (¡¡) e incluso, en relación a los gobernadores, Luis Caputo les lanzó que si no aprueban la ley “todo será peor para los argentinos”. Tuvo que aclarar que no era una amenaza: cuando hay que aclararlo, es porque suena a amenaza. Francos siguió por la misma senda, diciendo que ello no era amenaza, pero es lo que efectivamente piensan hacer: no aclare, que oscurece. Y luego se supo del exabrupto presidencial en la reunión de gabinete, no desmentido y creíble, dado el contexto discursivo de los días últimos.
De allí en más, sucedió el expulsar al ministro Ferraro -que insólitamente “renunció por motivos personales” a 45 días de asumir- y quitar el capítulo fiscal del proyecto de ley, para ver si se logra torcer la voluntad -a esta altura muy magullada- de los que han sido oposición amigable en el Congreso: ya lo amigable está por verse, pues los bloques estaban internamente divididos desde el día martes, y los aprietes posteriores han empeorado los ánimos.
Nada está resuelto: la insistencia en poderes delegados para el presidente parece poco admisible, cuando aún sin esos poderes intenta imponer DNUs y maltrata públicamente a los opositores, incluso los más cercanos. Lo que se dice desde Unión por la Patria es obvio: si se le da poderes especiales, todo lo que hoy no se le vote al proyecto, podrá imponerlo luego el presidente a voluntad.
Y sigue la posibilidad de privatizar casi todas las empresas estatales -incluso el Banco Nación-, el proyecto de quitar a Anses el Fondo de Sustentabilidad que es garantía para los jubilados, las pretensiones represivas de los cambios en el Código Penal. Como un prólogo de este último punto -aquello de que tres personas no se podían reunir en la calle sin permiso oficial-, encontramos ahora la intervención del Enacom, organismo ligado a la gestión y control de todas las comunicaciones mediáticas y virtuales: es obvio que esto tendrá que ser ventilado y discutido en el Congreso.
Como se ve, a mes y medio de inicios del gobierno, este comienza a encontrarse en atolladeros: la ley Ómnibus sufre empantanamiento, y el DNU ha sido rechazado varias veces por vía de cautelares en el poder judicial, mayormente en lo relativo a la reforma de condiciones laborales. El experimento ultraliberal que se despliega en la Argentina, no marcha sin obstáculos: gran parte de su destino se juega en muy corto plazo.
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