Por Emilio Vera Da Souza
En el tramo el fundador de WikiLeaks presentó un recurso de amparo para que no sea entregado a los EEUU. Los magistrados británicos anunciaron que se tomarán un tiempo para deliberar, por lo que Assange podría tener que esperar semanas o meses para conocer si su apelación es aceptada por la justicia del Reino Unido. Estados Unidos se negó a dar garantías de que el periodista australiano no recibirá como condena la pena de muerte si fuera extraditado, sometido a juicio y condenado en el país que lo persigue aunque lo nieguen.
Assange está encerrado en una cárcel de alta seguridad cerca de Londres desde hace casi cinco años. Es reclamado en Estados Unidos por haber publicado desde 2010 más de 700 mil documentos que enviaban las embajadas en todo el mundo hacia Washington, el Pentágono y la ACI Agencia Central de Inteligencia sobre las actividades militares y diplomáticas de Estados Unidos, en particular en Irak y Afganistán.
Clair Dobbin, abogada representante de EE.UU., pidió al Tribunal inglés que desautorice a Assange y lo entregue con el argumento de que los cargos que se imputan al periodista australiano no son políticos sino "delitos penales basados en pruebas" que figuran en la ley de espionaje de 1917. Dobbin dijo que Assange es requerido por conspirar con la exsoldado estadounidense Chelsea Manning para obtener ilegalmente información militar clasificada y por difundirla, poniendo en peligro a "numerosos informantes inocentes de Estados Unidos". Pero la duda jurídica es ¿puede una persona que no es de un país ser sometido por las leyes de otro país, por actos cometidos en un otro país? La respuesta para cualquier caso es un contundente NO.
Entonces, si insisten en castigar a un ciudadano australiano, por algo realizado en Europa, que involucra a los EEUU, no se trata de un simple caso penal. Se trata de un caso político y con máximas penas para los ciudadanos de origen. Si se emplea esa argumentación entonces la justicia de los EEUU y sus intereses son universales siempre y cuando así lo quiera o necesite el Gendarme Mundial y el país inventor de las reglas democráticas planetarias.
Los abogados de Assange, Edward Fitzgerald y Mark Summers, dijeron que su entrega violaría el tratado británico-estadounidense de extradición al ser los delitos imputados, a su parecer, de carácter político y contra su libertad de expresión, además de que podrían conllevar la pena de muerte.
En la audiencia de esta semana, sobre si el delito de traición contemplado en la ley de espionaje estadounidense podría contemplar la aplicación de la pena de muerte y si podrían asegurar que el fundador de WikiLeaks no recibiría dicha sentencia, los abogados estadounidenses respondieron: "Sería muy difícil ofrecer garantías para evitar que se imponga la pena de muerte".
Así las cosas, Julian Assange podría ser condenado a la pena capital y eso contradice las garantías dadas por Reino Unido a Ecuador en 2019, cuando se comprometieron a que jamás extraditarían al periodista a un país que pudiera potencialmente imponerle una condena semejante. En una presentación ante los tribunales en 2021 Estados Unidos garantizó que cuidaría la integridad física y psicológica de Assange durante el proceso judicial y una posible condena en su territorio.
La defensa de Assange señaló que el descubrimiento de una trama de la CIA para secuestrar o matar al periodista uando estaba refugiado en la embajada de Ecuador en Londres demuestra la motivación política del caso. También argumentaron que no tendría un juicio justo en EEUU ya que, por la ubicación de la corte, el jurado sería elegido entre personas vinculadas al gobierno de Washington.
En la vista de este miércoles estuvieron presentes en la sala Stella Assange, esposa del imputado, y su padre, John Shipton, mientras a las puertas del edificio cientos de personas pedían su liberación y que Washington retire los cargos. El exjuez español Baltasar Garzón, abogado de Assange, denunció que al fundador de WikiLeaks lo "están matando por ejercer la libertad de prensa".
Baltazar Garzón destacó que casi todos los jefes de Estado latinoamericanos apoyan la causa de Assange, a diferencia de las autoridades europeas que no tomaron posición. "Gran Bretaña apenas ha colaborado por no enfrentarse a Estados Unidos. Esto es una persecución política contra alguien por ejercer la libertad de prensa. Es una lección ejemplificadora que Estados Unidos quiere dar al mundo", aseguró el jurista.
“Que nadie se atreva a profundizar en nuestros asuntos, que nadie vea nuestros secretos, que nadie haga públicos nuestras cuestiones ocultas, que ninguno se atreva a mostrar nuestros crímenes, y que nadie nos obligue a exhibir los delitos, los motivos de nuestras acciones y la envergadura de nuestra impunidad”, eso es lo que más o menos sintetiza lo realizado contra Julian Assange todos estos años por parte de los poderes reales y profundos de los Estados Unidos.
Hace unas horas Baltazar Garzón dijo que confía que el Reino Unido no extradite a su defendido, "en una situación muy delicada de salud", porque no tendría un juicio justo. "En ningún caso va a tener un juicio justo si se le entrega a Estados Unidos porque el 90 por ciento de los ciudadanos de Virginia que conformarían el jurado popular trabajan para la inteligencia norteamericana. Entonces, ¿qué se puede esperar?”. Lo más visible es que se obtenga una sentencia contra Assange por más que existen dudas razonables sobre su actuación, sobre su responsabilidad y sobre si se trata de un delito al ser extranjero y que los hechos ocurrieran en otro país.
Los magistrados, Victoria Sharp y Jeremy Johnson, decidirán cuando el Reino Unido entrega al fundador de WikiLeaks a Estados Unidos. Si Assange sale airoso de este juicio, deberá probablemente hacer frente a otra audiencia en el Reino Unido, que tendría que ratificar que no es extraditado. En caso de que el tribunal londinense confirme su extradición, a Assange le quedaría como último recurso el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).
El fundador de WikiLeaks dispondría de un plazo de dos semanas antes de la extradición.
Assange fue detenido por la policía británica en 2019, luego de pasar siete años en la embajada de Ecuador en Londres, donde se refugió para evitar ser extraditado por acusaciones de agresión sexual a Suecia, unos cargos que después fueron retirados y sus denunciantes afirmaron que habían mentido para señalarlo en la justicia.
En enero de 2021 un tribunal británico rechazó en un primer momento la demanda de extradición de Estados Unidos. La apelación estadounidense hizo que, en diciembre de 2021, la justicia británica anulara la primera decisión y abriera la vía a su extradición. La apelación de Assange no dio sus frutos y en abril de 2022 un tribunal británico autorizó la extradición, que fue aceptada dos meses después por el gobierno británico.
La información no se puede robar. Es pública o clandestina. Un estado no puede tener información oculta de sus acciones de gobierno.
La información es accesible o no. Se conoce o no. Se esconde o no.
Las corporaciones acumulan información, la clasifican y la utilizan para hacer algo o para venderla o para favorecer o perjudicar a alguien, personas, empresas, gobiernos, organizaciones.
Utilizan también maneras tecnológicas, técnicas, físicas para resguardarla, protegerla o esconderla. Las personas a cargo toman la responsabilidad de lo que se hace con la información.
La encriptación, las herramientas para archivarla, las claves secretas, las llaves de seguridad, las complicadas máquinas para resguardarla y las personas con autorización para ver, usar, procesar y trasladar esa información, son los responsables de lo que ocurra en cada caso.
El derecho a la privacidad resguarda eso. Pero el límite de esa privacidad se enfrenta con el derecho ciudadano de la protección de los datos individuales y el derecho a conocer lo que hacen los estados y naciones con lo que tienen delegado para su custodia y uso. Eso es el derecho a estar informado.
Julian Assange no cometió ningún crimen. Le llegó una información muy sensible, diseñó como darla a conocer para que todo el público pudiera acceder. No la quizo vender ni pedir nada a cambio. Acordó con medios de varios países como se daría a conocer y qué le interesaba a cada cual.
En Argentina existe el derecho a informar libremente y a estar informados. Es legal y tiene rango constitucional y protección por los tratados incorporados en 1994.
La contradicción entre el derecho a la privacidad y el derecho a estar informado generalmente se resuelve castigando al quien obtiene la información de acceso protegido por la ley, pero dejando libre de culpa a quien la publica. Es por eso que los estados y organizaciones involucradas quieren mantener fuera del alcance los datos que pueden implicar acciones de gobierno, crímenes políticos, beneficios corporativos, tráfico de influencias, corrupción, ilegalidad y violencia.
Assange, publicó en Wikileaks información que le dio Chelsea Manning. Luego fue detenida, juzgada, condenada por haber obtenido información y compartirla para su publicación.
Estados Unidos se vio afectado ya que se mostró como actuaba con malicia y en la ilegalidad en otros países en muchas áreas de su interés. Por eso busca un castigo ejemplificador contra Assange para que otros no sigan sus pasos. Como no pueden argumentar ningún delito se lo acusa de espionaje. El argumento es que Wikileaks no es un sitio periodístico. Lo han definido como “un servicio de inteligencia privado hostil”.
Publicar, es hacer algo público. Espiar es un acto privado.
Wikileaks pactó con medios de cada país qué parte de esa información publicar. En Argentina se acordó con La Nación. Como no cumplían con el acuerdo y ocultaban los datos que se le enviaban para beneficiar a un candidato en la campaña presidencial ya que aparecía en los documentos las reuniones a las que concurría en la Embajada de EEUU en Buenos Aires, los contenidos, y algunos de los diálogos, pedidos e intercambios, La Nación retrasaba la publicación de esa información. Entonces Wikileaks decidió dar por terminado el acuerdo y realizar otro diferente con otro diario. Luego de las publicaciones en Página/12, se publican los detalles en un libro: ArgenLeaks (publicado en septiembre de 2011), de Santiago O'Donnell, publicado en Buenos Aires. Se basa en los cables desclasificados de WikiLeaks que hacen referencia a importantes hechos y personas más destacadas de la República Argentina, y su relación con los Estados Unidos.
O´Donnell visitó a Julian Assange en Londres y allí le dieron un pendrive con la información que llevó a la realización de este libro. Santiago O’Donnell fue el único periodista argentino que tuvo contacto con Assange.
Assange no debe ser entregado a los EEUU si se lo acusa de espionaje. El espionaje en los sistemas democráticos es considerado un delito político y por lo tanto no son extraditables por acuerdos y tratados internaciones en todo Occidente.
Ni en Estados Unidos ni en Gran Bretaña, ni en el tratado de extradición entre ambos ni en ningún país de Occidente.
Assange está preso 23 horas diarias en soledad y tiene 45 minutos de esparcimiento en un espacio rectangular para hacer ejercicio sobre baldosas de cemento.
Antes pasó siete años en la Embajada de Ecuador y luego fue entregado a las autoridades británicas rompiendo acuerdos, tratados y dejando de lado las mínimas condiciones de resguardo humanitario.
Julian Assange sufre un deterioro físico y emocional severo. Su condición ha sido puesta de manifiesto en las críticas de numerosos organismos internacionales (ONU, ACNUR, CE, países e instituciones multilaterales).
De seguir en estas condiciones el periodista podría terminar con un estado grave de salud. O lo que es peor: apagando su vida ante la burocracia y el largo proceso para doblegar su ánimo y sus posibilidades. El daño hecho ya es irrecuperable.
¿Quién cargará en su conciencia la responsabilidad de esta tragedia a la vista de todo el mundo?
Solo queda esperar la muerte o una salida humanitaria hacia la libertar y la protección de su vida.
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