La denuncia penal presentada por la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti contra el gobernador Alfredo Cornejo generó una inmediata reacción política. Pero no fue el mandatario quien respondió directamente, sino el intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suárez, quien a través de la red social X salió al cruce con un mensaje cargado de críticas y alusiones al kirchnerismo.

La senadora del Frente de Todos anunció este lunes que denunció a Cornejo en el fuero federal por presunta malversación de fondos públicos. El motivo: el convenio firmado entre el Ejecutivo mendocino y el Gobierno nacional para que la provincia asuma el mantenimiento de rutas nacionales con fondos propios. Según Sagasti, este acuerdo sería "inconstitucional" y perjudicial para las arcas provinciales.

Desde el oficialismo no tardaron en responder. Ulpiano Suárez fue el primero en reaccionar públicamente y lo hizo con dureza. En su posteo, escribió:

"Llama la atención la preocupación de @anabelfsagasti por el estado de las rutas nacionales justo en este momento. Lamentablemente, durante 16 años de gobiernos K, y en los 14 que lleva sentada en el Congreso, poco interés demostró porque Vialidad Nacional realizara el mantenimiento y la ampliación de la red vial nacional en Mendoza".

Pero el intendente no se quedó allí. En su mensaje, recordó los escándalos judiciales que rodean al kirchnerismo y apuntó directamente contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner:

"Su jefa política @CFKArgentina está condenada a devolver más de 500 millones de dólares que se llevó de Vialidad Nacional (medio Portezuelo del Viento)".

Y cerró con una frase que se viralizó rápidamente en redes:

"En vez de ir a la Justicia Federal a denunciar al gobernador @alfredocornejo por tratar de facilitarle la vida a los mendocinos, debería pasar por San José 1111 (domicilio de prisión domiciliaria de CFK) y pedirle a Cristina los 500 millones que le faltan a los argentinos".

El trasfondo del conflicto

El convenio denunciado por Sagasti implica que Mendoza, ante la falta de respuestas de Nación, asuma el mantenimiento de rutas nacionales dentro del territorio provincial. Para el Gobierno local, se trata de una medida para garantizar la transitabilidad y evitar el deterioro de las vías, clave para el turismo y el comercio.

Sin embargo, desde el kirchnerismo sostienen que el acuerdo vulnera la Constitución y representa un perjuicio económico para la provincia. La senadora consideró que es un acto de "malversación de fondos públicos" y lo llevó a la Justicia Federal.