El Gobierno nacional dispuso un refuerzo en las medidas de seguridad en la región de la Triple Frontera, tras la detección del ingreso clandestino de un presunto funcionario iraní, lo que generó preocupación en los organismos de inteligencia. La presencia de militares y fuerzas federales se intensificó en el norte del país y se implementaron protocolos especiales de vigilancia.

Desde la Secretaría de Inteligencia se informó sobre el acceso ilegal al territorio argentino por parte de un supuesto agente iraní, lo que volvió a encender alertas en torno a posibles maniobras encubiertas en esa zona estratégica. Este hecho sucede meses después del arribo del exvicepresidente de Irán, Shahram Dabiri, quien logró ingresar al país con una visa de turista sin declarar su verdadero cargo.

En consecuencia, el Ejecutivo desplegó más de 300 efectivos federales y avanzó con la instalación de una base conjunta de inteligencia en Puerto Iguazú, desarrollada en cooperación con Paraguay, Brasil y el FBI. Además, se activó el Comando Unificado Guacurarí, que buscará fortalecer la coordinación entre las fuerzas provinciales y nacionales para prevenir delitos transnacionales.

La vigilancia fue extendida también hacia la frontera con Bolivia, ante el fortalecimiento de los lazos entre ese país e Irán en materia de defensa y energía. En paralelo, se investiga la conformación de sociedades comerciales sospechosas, que podrían estar ligadas a redes de espionaje extranjeras. Mientras tanto, la comunidad judía y entidades como la AMIA reclamaron una respuesta más contundente.

Este viernes, el Gobierno oficializó el operativo de seguridad mediante un comunicado donde reconoció que se activó la alarma tras recibir informes reservados de la Secretaría de Inteligencia (SIDE) sobre el ingreso sin registro de un ciudadano iraní por el norte argentino. En Casa Rosada se comparó este episodio con el caso Dabiri, pero se advirtió que esta vez no existe constancia alguna de ingreso, lo que lo convierte en un hecho aún más grave.

Esto llevó a una reestructuración en el esquema de inteligencia en la región, y a la puesta en marcha de una base binacional con apoyo logístico y tecnológico del FBI. Según trascendió, esta unidad operativa iba a mantenerse en secreto, pero su existencia se filtró a la prensa.

Desde el entorno presidencial se calificó la situación de "vulnerabilidad crítica", y se apuntó contra la exinterventora Cristina Caamaño, a quien acusan de haber desarticulado las redes de información que funcionaban desde las gestiones de Mauricio Macri y Néstor Kirchner.

En simultáneo, el Ministerio de Defensa a cargo de Luis Petri, reactivó patrullajes militares en puntos clave de la frontera y comenzó a implementar un acuerdo firmado en febrero con su par paraguayo, Óscar González, cuyo objetivo es reforzar el control territorial y combatir el accionar de bandas criminales internacionales.

Como parte del operativo, más de 300 agentes fueron destinados a la localidad de Bernardo de Yrigoyen, y desde allí se movilizarán progresivamente hacia Puerto Iguazú. También se formalizó la resolución 626/2025, firmada por la ministra Patricia Bullrich, que crea el Comando Unificado Guacurarí, para articular las acciones de las distintas fuerzas frente al crimen organizado.

Por último, los servicios de inteligencia señalaron la posible existencia de una red de infiltración económica vinculada a Irán, mediante la creación de empresas fachada. Estas estructuras, indicaron, podrían ser utilizadas por células encubiertas de inteligencia que operan bajo apariencias diplomáticas o comerciales en el cono sur.