Con el fallo de la Corte Suprema cada vez más cerca, la tensión en el escenario político crece. Cristina Fernández de Kirchner, en el centro de la polémica por la causa Vialidad, cuenta con el respaldo abierto de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), que fue categórica: "Si Cristina va presa, declaramos el paro".

En un comunicado, el sindicato estatal argumentó que "no se trata de justicia, sino de persecución", y que impedir la participación de Cristina sería una forma de proscripción. ATE concluyó su mensaje con una frase que resume su posición: "Defender a Cristina es defender la democracia".

Mientras tanto, la exmandataria y actual titular del PJ se encuentra reunida con los senadores nacionales del peronismo en la sede partidaria de Constitución. Allí se debate un plan político y parlamentario de contingencia, en caso de que el fallo le impida competir electoralmente o derive en su encarcelamiento.

Durante el encuentro se discuten no solo las consecuencias del fallo judicial, sino también temas clave de la agenda legislativa, como el endeudamiento del gobierno, proyectos vinculados a jubilaciones, discapacidad y hasta una posible ampliación de la Corte Suprema.

La convocatoria a esta reunión fue solicitada por José Mayans, jefe del bloque de Unión por la Patria en el Senado. Aunque el encuentro ya estaba previsto, la inminencia del fallo hizo que tomara un carácter urgente y estratégico, ya que se espera que la Corte se expida este mismo martes.

La CGT también se expresó y denunció persecución judicial

Por su parte, la Confederación General del Trabajo (CGT) emitió un comunicado en el que también cuestiona el proceso judicial contra Cristina Kirchner. La central sindical denunció que se está distorsionando el funcionamiento institucional del país, señalando irregularidades en las causas, filtraciones mediáticas anticipadas y una manipulación de la información que pone en duda la legitimidad del proceso.

En ese texto, la CGT advirtió que los juicios deberían regirse por el derecho y respetar las garantías, pero que en lugar de eso se han convertido en instrumentos de persecución política. El escrito también remite a antecedentes en la región: "Es un procedimiento que ya se aplicó en países hermanos, como ocurrió con el compañero Lula Da Silva en Brasil".