Se aprobó el dictamen en el Consejo de la Magistratura y el Juez Bento quedó al borde de la suspensión
La comisión de acusación del Consejo de la Magistratura ratificó la denuncia contra Walter Bento. Ahora el plenario definirá si va a juicio político suspendido o en actividades. Si ocurre lo primero, no será juez en las próximas elecciones
La mañana de este miércoles, la Comisión de Acusación aprobó el informe de cargos en contra del Juez Federal Walter Bento, que será remitido al plenario del Consejo de la Magistratura.
En caso de ser ratificado, Bento podría enfrentar una suspensión de su cargo. Si esto ocurre no será juez en las próximas elecciones.
La votación a favor del informe contó con el respaldo del senador Eduardo Vischi, así como de los diputados Roxana Reyes y Álvaro González, junto con el presidente de la comisión, Miguel Piedecasas.
En contraste, el kirchnerismo optó por abstenerse en la votación. Bento, quien ocupa el cargo de juez en el juzgado Federal 1 de Mendoza, con competencia en asuntos electorales, enfrenta acusaciones de liderar una asociación ilícita involucrada en el cobro de sobornos a cambio de beneficios judiciales.
El miércoles 31 de mayo, el organismo jurídico-político que preside Horacio Rosatti, decidirá, también por votación, si Walter Bento es suspendido y llevado a juicio político por estar acusado de multiples delitos de corrupción mientras se desempeña como titular del Juzgado Federal 1 Penal con competencia electoral.
Tras la investigación liderada por el juez federal Eduardo Puigdéngolas y el fiscal general Dante Vega, se han presentado fuertes cargos contra Walter Bento. Se le acusa de ser el líder de una asociación delictiva que ha cometido 15 casos de cohecho. Una red cercana de abogados se encargaba de las negociaciones y cobros de coimas en dólares. Además, se le imputan cargos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos de origen ilícito, ya que su nivel de vida no coincidía con sus ingresos. Todo el proceso ha sido avalado por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).
El caso comenzó a salir a la luz en 2020, tras el asesinato de Diego Aliaga, quien se convirtió en un informante policial e intermediario que cobraba dinero en nombre de Bento con el objetivo de favorecer a quienes estaban bajo investigación en el juzgado del magistrado. Las llamadas y mensajes que intercambiaba Aliaga con el juez, a quien tenía agendado como "primo", fueron determinantes para avanzar en la causa.
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