El Senado también dejó sin efecto los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) y los decretos delegados que buscaban intervenir el INTA y el INTI, retrocediendo además en el cierre de Vialidad Nacional y de organismos culturales.

Por amplia mayoría, la Cámara alta rechazó cuatro decretos delegados y un DNU clave, que buscaban desmantelar entidades como Vialidad Nacional y el Banco Nacional de Datos Genéticos. Los libertarios, con escaso apoyo, contaron solo con algunos aliados provinciales, principalmente de Mendoza y Chaco, producto de acuerdos electorales locales.

El debate comenzó pasadas las 12:30, luego de superar cuestiones de privilegio, intentos de incluir otros proyectos en el temario y la aprobación de acuerdos militares. 

Entre los decretos, el más controversial fue el que proponía disolver Vialidad Nacional, bajo el argumento de que su estructura no se ajustaba "a las necesidades actuales de gestión", generando "altos costos operativos" y falta de eficiencia, y señalando una desproporción entre personal administrativo y operativo. Además, se planteaba reasignar funciones clave a unidades del Ministerio de Economía y disolver la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), alegando que la Gendarmería Nacional ya podría cubrir el control en rutas nacionales.

El senador radical Pablo Blanco criticó la medida, comparando la acción del Gobierno con "aplicar un disparo a un enfermo de cáncer para ahorrar dinero", mientras que Alfredo De Angeli, jefe de bloque del PRO, defendió la autonomía del INTA, resaltando su prestigio internacional y el desarrollo de la primera cosechadora de algodón para Santa Fe, Chaco y Formosa.

Por su parte, el camporista Eduardo De Pedro centró su discurso en el decreto que modificaba el Banco Nacional de Datos Genéticos, advirtiendo que la medida "quita competencias, reduce capacidades y remite a una Argentina de impunidad".

El decreto rechazado también buscaba transformar a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte en la "Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte", absorbiendo funciones de fiscalización previamente en manos de Vialidad. De manera similar, la Junta de Seguridad en el Transporte pasaría a llamarse "Agencia de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación", limitando su competencia al transporte aéreo y reasignando o eliminando funciones en los modos ferroviario, automotor y marítimo.

En relación con los INTA y INTI, los decretos pretendían suprimir la autonomía de estos entes, convirtiéndolos en organismos dependientes de secretarías de Estado. INTA pasaría a depender de la Secretaría de Agricultura, mientras que INTI quedaría bajo la Secretaría de Industria; en este último caso, se criticó que el 30% del personal estuviera concentrado en administración, muy por encima de los estándares habituales.

Finalmente, el Senado también dejó sin efecto el DNU que buscaba desregular la Marina Mercante, cerrando así la ronda de medidas que pretendían reducir y centralizar organismos estatales.