La Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo enfrenta nuevamente un duro revés judicial. La jueza federal en lo Contencioso Administrativo, Rita María Ailan, falló en contra del pedido del centro de estudios, rechazando la medida cautelar que buscaba detener el proceso de revisión de la creación de nuevas universidades, iniciado por el Ministerio de Capital Humano. Esta decisión pone en jaque el funcionamiento de la institución y deja sin efecto el nombramiento de Cristina Caamaño Iglesias Paiz como rectora.

El conflicto comenzó cuando el Ministerio de Capital Humano, bajo la gestión de Sandra Pettovello, decidió suspender el inicio de actividades académicas de cinco nuevas universidades, incluida la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo, fundada por la fallecida Hebe de Bonafini. La medida se tomó para revisar si el proceso administrativo exigido por la Ley de Educación Superior había sido correctamente cumplido.

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La Universidad, que anteriormente funcionaba como Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos, había solicitado una medida cautelar para suspender la Resolución Ministerial 45/2024, que ordenaba la revisión de su creación y funcionamiento. Sin embargo, la jueza Ailan consideró que no existían los fundamentos necesarios para acceder al reclamo, desestimando así la solicitud.

Además, el fallo anula la designación de Caamaño Iglesias Paiz como rectora, ya que su nombramiento se realizó antes de que el instituto fuera elevado a la categoría de universidad nacional. Según la resolución, las elecciones en las que fue elegida no tenían validez, ya que se llevaron a cabo sin la correspondiente Resolución Ministerial.

Este no es el primer revés que enfrenta la Universidad. En julio de 2017, durante el gobierno de Mauricio Macri, se había decidido intervenir el Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos Madres de Plaza de Mayo debido a las irregularidades asociadas al proyecto Sueños Compartidos, liderado por Bonafini y el parricida Sergio Schoklender. El proyecto derivó en un escándalo multimillonario de deudas y denuncias de corrupción, que aún se encuentra en trámites judiciales.

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En agosto de 2023, la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó un pedido de sobreseimiento presentado por Schoklender, confirmando así que el juicio oral en su contra continuará. Esta causa investiga el presunto desvío de más de 50 millones de dólares de fondos públicos destinados al proyecto de viviendas populares Sueños Compartidos.

En un fallo previo, el juez Pablo Cayssials había rechazado una medida cautelar presentada por la Universidad para que el Gobierno transfiera más de 556 millones de pesos para su funcionamiento. La solicitud fue desestimada por no cumplir con las condiciones excepcionales necesarias para acceder al reclamo, según lo establecido por el magistrado.