Rechazo al veto de discapacidad: cómo votaron los tres senadores mendocinos
El Senado nacional anuló el veto de Javier Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad con 63 votos a favor y 7 en contra. La norma garantiza actualizaciones en pensiones y prestaciones y representa un hecho histórico, ya que no se veía un rechazo a un veto presidencial desde 2003.
En una jornada histórica, el Senado nacional revocó el veto del presidente Javier Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad, obligando al Gobierno a promulgar la norma.
La votación fue contundente: 63 a favor y solo 7 en contra. Entre los votos que respaldaron la medida se destacaron los de los tres senadores por Mendoza: Rodolfo Suárez, Mariana Juri y Anabel Fernández Sagasti, quienes se alinearon con el rechazo al veto presidencial, un hecho que no se veía desde 2003.
Anabel Fernández Sagasti senadora de Mendoza por UXP expresó su postura en redes sociales:
"Rechazamos otra locura de Milei. El Congreso revierte otro veto presidencial. Ganaron los derechos, perdió el ajuste a los más vulnerables". Sus palabras reflejan la fuerte tensión política que atravesó esta sesión, que quedó marcada como un hito en las últimas dos décadas.
Rechazamos otra locura de Milei. El Congreso revierte otro veto presidencial. Ganaron los derechos, perdió el ajuste a los más vulnerables. #EmergenciaEnDiscapacidad %u2764%uFE0F%uD83C%uDDE6%uD83C%uDDF7 pic.twitter.com/eyuFWKVUeC
— Anabel Fernández Sagasti (@anabelfsagasti) September 4, 2025
La Ley de Emergencia en Discapacidad había sido sancionada por el Congreso y se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2026. Su objetivo es actualizar las prestaciones para compensar la pérdida del poder adquisitivo acumulada desde 2023 debido a la inflación, beneficiando a miles de personas con discapacidad en todo el país.
Según datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso, la implementación de la norma, que había sido rechazada por Milei, tendrá un costo fiscal estimado entre 0,22% y 0,42% del PBI, dependiendo de la cantidad de nuevos beneficiarios que se incorporen al sistema hasta finales de 2026.
Entre los aspectos más relevantes, la ley establece que las 200.000 pensiones por invalidez representarán el 70% del haber mínimo jubilatorio, además de garantizar la cancelación de deudas con prestadores y una actualización mensual de los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas conforme al índice de inflación que publica el Indec.
Este resultado representa un revés significativo para la administración libertaria, y marca la primera vez en 22 años que el Congreso logra imponer una ley que había sido vetada por el Poder Ejecutivo, reafirmando el rol de los legisladores en la defensa de los derechos sociales más vulnerables.
