Perú, el país andino, atraviesa una nueva fase de aguda crisis política tras la destitución de la presidenta Dina Boluarte el pasado 10 de octubre por "incapacidad moral permanente". La sucesión, que designó al entonces titular de la Mesa Directiva, José Jerí Oré, como presidente interino, no ha logrado calmar las aguas; por el contrario, ha desatado una ola de protestas masivas, indignación ciudadana y graves cuestionamientos institucionales.

Jerí, es un abogado y congresista por Lima de 38 años, asumió la presidencia interina en virtud del artículo 115 de la Constitución. A pesar de la profunda inestabilidad, Jerí se ha mantenido firme y pretende conducir al país hasta las elecciones generales en abril de 2026.

Tras confirmarse la muerte de un manifestante, Jerí declaró que "No voy a renunciar. Mi responsabilidad es mantener la estabilidad del país".

Sin embargo, la legitimidad del presidente interino es ampliamente cuestionada, especialmente porque su gabinete de transición, compuesto por 19 ministros, ha sido criticado por incluir figuras con escaso respaldo ciudadano e investigaciones penales.

La situación personal de Jerí es complicada, ya que presenta varias denuncias en su contra que están siendo investigadas. Entre ellas se encuentran:

• • Una denuncia por presunta desobediencia a la autoridad.
• • Una denuncia más por presunto enriquecimiento ilícito y cobros irregulares.
• • Múltiples investigaciones fiscales en su contra.

Además, el congresista Jerí enfrentó una denuncia por presunta violación sexual por parte de una mujer, quien afirmó haber sido víctima de agresión sexual en la madrugada del 29 de diciembre de 2024, en una reunión social. Si bien la denuncia por violación sexual fue archivada por la Fiscalía en agosto de 2025, la autoridad fiscal concluyó que no había mérito para continuar contra él, lo cual no equivale a una declaración de inocencia absoluta.

El reclamo de la juventud peruana en las calles

La designación de Jerí desató una fuerte oposición en las calles. El 15 de octubre se convirtió en una fecha crucial, cuando miles de ciudadanos salieron a protestar en Lima, Trujillo, Piura, Puno y otras regiones. Los manifestantes, que incluyen especialmente a jóvenes de la denominada "Generación Z", exigen la renuncia de Jerí, el cierre del Congreso y una reforma estructural del sistema político.

La jornada de protestas concluyó con un saldo trágico: Eduardo Mauricio Ruiz Sáenz, un manifestante de 32 años, murió tras recibir un disparo de un policía vestido de civil cerca del Congreso.

La Defensoría del Pueblo reportó más de 100 heridos, tanto civiles como policías, y denunció el uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades. En respuesta, el gobierno ha anunciado la posible declaración de estado de emergencia en Lima.

Esta escalada de violencia ha generado críticas internacionales. El Ministerio de Exteriores de Alemania instó a evitar la violencia y a respetar el orden constitucional.