Pensión por discapacidad: citaron a 43.500 personas para demostrar su situación ante el ANDIS
El Gobierno Nacional ordenó revisar 43.500 pensiones no contributivas en Mendoza en medio de denuncias por irregularidades en la ANDis. Organizaciones advierten que la falta de información deja en riesgo a los beneficiarios.
El Gobierno Nacional puso en marcha un proceso de auditorías sobre las pensiones no contributivas por discapacidad, con el argumento de detectar posibles fraudes. En Mendoza, unas 43.500 personas fueron citadas para justificar su situación, aunque todavía se desconoce la cantidad de beneficios que efectivamente fueron dados de baja. Esta falta de claridad genera preocupación entre los afectados y en los organismos que los acompañan.
Las revisiones se producen en un contexto delicado: la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDis) atraviesa una crisis tras la renuncia de Diego Spagnuolo, involucrado en denuncias por presuntas coimas y manejos irregulares dentro del organismo.
Riesgo para quienes dependen de la pensión
Referentes del sector en Mendoza advierten que la ausencia de información oficial impide organizar contención para quienes pierdan su ingreso y cobertura médica. Mónica Bascuñán, del Observatorio de Discapacidad provincial, aseguró: "Ese dato no se consigue en ningún lado porque la Agencia Nacional de Discapacidad no lo va a dar en este momento, absolutamente a nadie". Además, explicó que muchas personas no hacen pública la suspensión de su pensión por vergüenza o estigmatización, lo que incrementa su situación de vulnerabilidad.
Un fenómeno en crecimiento
Un informe del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa) detalla que entre 2000 y 2023 las pensiones por invalidez se multiplicaron, pasando de 75.000 a 1,2 millones en el país.
En Mendoza existen 23 pensiones cada 1.000 habitantes, un registro apenas inferior al promedio nacional de 25. En contraste, Chaco alcanza 86 y Tierra del Fuego apenas 7 por cada 1.000 habitantes. Según Idesa, este crecimiento acelerado motivó las auditorías, que han derivado en quejas por maltrato, suspensiones sin justificación y trámites burocráticos que afectan incluso a personas con discapacidades evidentes.
El relevamiento cuestiona además la metodología de la ANDis, que apeló a citaciones masivas sin criterios claros. Esto, señalan, provocó largas demoras y serias complicaciones para los beneficiarios que dependen de estas pensiones para cubrir necesidades básicas.
