Pagos congelados, presión internacional y riesgo de juicio: el complejo escenario de IMPSA
La Nación aún no abona 18 millones de dólares a IMPSA por contratos en curso, lo que obligó a la empresa a fraccionar sueldos y ajustar personal. La embajada de EE.UU. ya interviene ante la falta de pagos, y hay riesgo de demandas si no se resuelve el conflicto.
A dos meses de haberse concretado su privatización, IMPSA enfrenta su primer gran desafío: el Gobierno nacional aún no cumplió con el pago de 18 millones de dólares correspondientes a contratos vigentes. La demora está afectando la operatividad de la empresa, provocando ajustes internos, y ya motivó la intervención diplomática de Estados Unidos.
Obras clave y pagos paralizados
La deuda corresponde a tres desarrollos estratégicos: la fabricación de turbinas para Yacyretá, la entrega de componentes del reactor CAREM 25, y la participación en el proyecto del Tanque Argentino Mediano (TAM) 2C. El incumplimiento de pagos forzó a la compañía a dividir el pago de aguinaldos y a iniciar un proceso de reducción de personal.
Sin fondos operativos, pese a la capitalización
Desde la empresa explican que el problema principal es la falta de liquidez operativa. Aunque IMPSA ya invirtió unos 7 millones de dólares en su capitalización y presentó un plan de reestructuración de deuda por 560 millones, no puede sostener sus actividades sin que el Estado le transfiera lo correspondiente por esos contratos.
Riesgo legal y expectativas en EE.UU.
Tanto el Gobierno de Mendoza como autoridades de Estados Unidos están monitoreando la situación. Si el conflicto no se destraba, podrían rescindirse los contratos actuales, lo que abriría la posibilidad de demandas judiciales contra el Estado argentino.
En paralelo, la compañía espera avanzar en una licitación en EE.UU. para fabricar grúas portuarias, cuya ejecución está prevista para 2026. Ese contrato podría representar una salida financiera clave si el conflicto local no encuentra solución en el corto plazo.
