La justicia federal ha dictado una contundente medida que suspende los efectos de la Resolución del Ministerio de Economía N° 1240/2025, una normativa que generaba incertidumbre entre los trabajadores del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV). Se trata de una decisión del Juzgado Federal N° 2 de Mendoza, que surge como resultado de una acción de amparo sindical presentada por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) contra el Gobierno de Javier Milei.

La resolución judicial, caratulada como "ASOCIACION TRABAJADORES DEL ESTADO c/ ESTADO NACIONAL PODER EJECUTIVO NACIONAL s/ AMPARO SINDICAL", ordena la suspensión de la normativa mientras dure el proceso judicial. Esto implica un impedimento directo para el Estado Nacional, a través de sus distintos Ministerios y/o Secretarías, de ejecutar cualquier acto administrativo hacia el INV.

"Me parece que a Milei en la Justicia le estamos ganando por goleada, siguen en picada. ¿Qué pasó con su ministro, ‘el coloso'? Al final, me parece que dilapidó las facultades delegadas", señaló Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional.

A través de X, el dirigente gremial no solo celebró el fallo de la Justicia, también cargó contra el Ministro de Economía: "A Caputo no le sirvió de nada hacerse el pícaro después de que el Congreso rechazara los decretos de desregulación e insistir con los pases a disponibilidad. Aunque ya lo van a notificar, le adelanto que quedaron sin efecto".

Las acciones que el Poder Ejecutivo tiene prohibidas en el INV: 

• Reubicaciones de personal
• Traslados de personal
• Cesantías (despidos)
• Suspensiones
• Pases a disponibilidad de personal
• La supresión de estructuras vinculadas específicamente al Instituto Nacional de Vitivinicultura

La medida cautelar representa un freno significativo a las posibles reestructuraciones o recortes que el Gobierno Nacional pudiera haber planificado bajo el amparo de la resolución ahora suspendida. La decisión judicial subraya la importancia de garantizar la estabilidad laboral y la estructura de los organismos estatales mientras se dirime la legalidad de la normativa en cuestión.

Con esta disposición, el Ejecutivo deberá abstenerse de cualquier acción que implemente la Resolución N° 1240/2025, garantizando así que no se realicen cambios que afecten al personal ni a la operatividad del Instituto Nacional de Vitivinicultura hasta que el proceso judicial llegue a una resolución definitiva.