La Justicia argentina solicitó la extradición del exsenador Edgardo Kueider y de su asistente Iara Guinsel Costa, quienes actualmente están bajo arresto domiciliario en territorio paraguayo. A ambos se los acusa de formar parte de una estructura dedicada al lavado de dinero y de intentar ingresar al país una elevada suma de divisas sin declarar.

La medida fue dispuesta por el magistrado Rolado Duarte, tras el requerimiento de la fiscal Matilde Moreno, en el contexto del pedido de extradición formulado por autoridades argentinas. Los implicados habían sido detenidos el cuatro de diciembre pasado, en el Puente de la Amistad, que comunica Ciudad del Este (Paraguay) con Foz do Iguaçú (Brasil). En esa ocasión, fueron interceptados transportando más de doscientos mil dólares en efectivo sin documentación legal.

En la mañana de este martes, fueron nuevamente aprehendidos por fuerzas policiales paraguayas con el fin de dar inicio formal al procedimiento de extradición hacia la Argentina. En el operativo también actuaron efectivos de Interpol. Según detalló el juez Duarte, el paso siguiente será la "audiencia identificatoria", donde los acusados deberán manifestar si aceptan un proceso de extradición rápida. De hacerlo, se podrá continuar con la entrega a las autoridades argentinas.

El trasfondo de las imputaciones

De acuerdo al expediente impulsado por el fiscal Ysrael Villalba Ramírez, tanto Kueider como su colaboradora fueron sorprendidos en plena acción, y estarían asociados a una red delictiva con operaciones desde el año dos mil diecisiete hasta la fecha. Dicha organización habría actuado a través de las empresas Betail S.A. y Edekom S.A., valiéndose de canales financieros formales y criptomonedas para disimular el origen ilícito de los fondos.

Para los investigadores, ambos procesados habrían usado sus cargos públicos para ejecutar estas maniobras ilegales, incluyendo la compra de bienes muebles e inmuebles como parte del proceso para legitimar activos obtenidos de forma irregular.

La causa fue encuadrada bajo la figura de lavado de activos en su modalidad doblemente agravada, junto con el cargo de tentativa de contrabando de divisas. Las audiencias preliminares en Paraguay están previstas para los días treinta y treinta y uno de julio. En caso de recibir una sentencia condenatoria, la pena podría alcanzar hasta dos años y medio de prisión.