El bloque del Partido Demócrata, a través de su diputada Mercedes Llano, solicita al Ministro de Gobierno, Doctor Víctor Ibáñez, que, en el marco del Decreto 2.138/22), brinde detalles de cómo repercutirá el acuerdo firmado entre la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) y la empresa Azufre SA respecto a la reserva de daños y perjuicios que figura en el mismo.

El 7 de enero de 2022 se dio a conocer a través del Boletín Oficial el Decreto 2.138 firmado por el Gobernador de la Provincia, Rodolfo Suárez, y su Ministro de Gobierno, Víctor Ibáñez, por el cual se cedían 12.351 hectáreas del Campo Potreros de la Cordillera, situado en el departamento de Malargüe, a la empresa Azufre S.A.

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El decreto firmado el 23 de diciembre de 2021 originó, por parte de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), un proceso de “lanzamiento por ocupación de hecho”, ya que la titularidad de los terrenos, por cercanía fronteriza, corresponden al estado nacional.

Dicho litigio finalizó con la firma de un acuerdo entre la AABE y la empresa El Azufre S.A. en el cual se prevé desocupar el inmueble el 31 de marzo de 2024.

 

 

Según citas periodísticas, en dicho acuerdo la AABE deja constancia de que no renuncia a hacer un reclamo contra la Provincia de Mendoza por la cesión irregular de los terrenos.

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El objetivo del proyecto es conocer si los daños y perjuicios que alegará el estado nacional serán afrontados con el dinero de los funcionarios actuantes o el dinero proveniente del erario público.