La Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) puso en marcha un nuevo Plan Nacional de Inteligencia (PIN), que redefine sus prioridades estratégicas para los próximos años y habilita acciones de monitoreo interno sobre ciudadanos que expresen opiniones críticas hacia la administración actual.

De acuerdo a una publicación del diario La Nación, el plan de carácter confidencial y compuesto por 170 páginas- permite recolectar datos sobre individuos que, a juicio del organismo, puedan generar "pérdida de confianza" en los funcionarios o en las políticas públicas llevadas adelante por el presidente Javier Milei.

Este documento, confeccionado bajo la dirección de Sergio Neiffert y avalado por los altos mandos de la SIDE, extiende el alcance de las tareas de inteligencia a sectores como el periodismo, la economía, la academia y a cualquier actor social que cuestione las decisiones del Poder Ejecutivo. Esta línea coincide con recientes expresiones de funcionarios oficialistas que fustigaron a los medios críticos y convocaron a "odiar más" a quienes trabajan en ellos, lo que marca un posible endurecimiento en la relación con las voces opositoras.

El plan también enlista como posibles objetivos a quienes puedan influir en la opinión pública durante campañas electorales o contribuir a la difusión de "información falsa". Además, incluye entre sus alertas la intención de detectar distorsiones en la percepción social, especialmente aquellas generadas por medio del uso de herramientas de inteligencia artificial. Cabe mencionar que días atrás circularon en redes sociales videos manipulados con IA de Mauricio Macri y Silvia Lospennato, en la previa de los comicios legislativos porteños, que desde el oficialismo minimizaron como simples "bromas en internet".

Pese a este viraje hacia el control interno, el nuevo PIN mantiene funciones tradicionales del área, como la prevención de ataques terroristas, el combate al crimen organizado y la protección de intereses nacionales en zonas como el Atlántico Sur y la Antártida.

Este cambio de enfoque se acompaña con una importante asignación de recursos financieros. A principios de mayo, el Poder Ejecutivo decretó una ampliación presupuestaria de 25 mil millones de pesos para la SIDE, de los cuales 8 mil millones estarán destinados a gastos confidenciales, es decir, partidas que el Estado puede utilizar sin rendir cuentas ante el Congreso. Este tipo de fondos ya había generado controversia en 2023, cuando se destinaron más de 100 mil millones de pesos al mismo programa.