El Juzgado Federal N° 2 de Catamarca, encabezado por el magistrado Guillermo Díaz Martínez, dispuso que la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) deberá restablecer, en un plazo de 24 horas, todas las pensiones no contributivas por invalidez que habían sido suspendidas en el territorio nacional. Además, le ordenó abstenerse de aplicar nuevas bajas mientras no exista una resolución judicial firme.

La medida fue adoptada en el marco de un amparo colectivo impulsado por el Defensor del Pueblo de Catamarca, con el apoyo de organizaciones de personas con discapacidad, y extiende a nivel nacional una cautelar previa que, desde septiembre, regía solo para esa provincia.

El fallo reconoce la legitimación colectiva del reclamo, apoyándose en la doctrina del caso "Halabi", al considerar que las suspensiones basadas en el Decreto 843/2024 vulneraron derechos de incidencia colectiva. El juez también ordenó que la ANDIS pague los haberes retenidos y suspenda las auditorías o nuevas medidas de baja sustentadas en esa norma, hasta que se dicte la sentencia final.

Como representantes del grupo afectado, el magistrado designó a la Asociación de Personas y Familiares de Discapacitados Motores (A.P.Y.Fa.Di.M.) y a la Asociación Azul, destacando su trayectoria y capacidad técnica.

Contexto y antecedentes del operativo de bajas

La resolución se enmarca en una serie de decisiones judiciales dictadas en Formosa, Misiones, Catamarca y Río Negro, que ya habían ordenado restituir pensiones, reintegrar haberes y aplicar multas diarias por demoras. También hubo fallos individuales en Mendoza, Córdoba, Neuquén y la provincia de Buenos Aires.

Las presentaciones judiciales objetaron el Decreto 843/2024, que elevó al 66% el umbral de "disminución de la capacidad laborativa" y amplió las causales de suspensión y caducidad. Además, denunciaron que la auditoría iniciada en agosto de 2024 carecía de criterios públicos y medidas de accesibilidad.

De acuerdo con los datos oficiales incorporados a los expedientes, la ANDIS envió 997.654 cartas documento, de las cuales 504.802 (más de la mitad) no pudieron ser entregadas. En Chaco, Formosa y Corrientes, el nivel de citaciones fallidas superó el 70%.

Antes de los primeros fallos cautelares, la Agencia había suspendido los pagos a 111.463 personas y, tras las órdenes judiciales, repuso los haberes correspondientes.

Alcance y próximos pasos

Con esta resolución, la cautelar adquiere alcance nacional: la ANDIS debe reintegrar todas las pensiones suspendidas y abstenerse de dictar nuevas bajas o auditorías basadas en el Decreto 843/2024, hasta que haya una sentencia definitiva.

El fallo sienta un precedente federal en la protección urgente de los derechos de las personas con discapacidad, y deja para el proceso principal el debate sobre la validez del decreto y los requisitos de acceso a las prestaciones.