Gobernadores buscan impulsar una denuncia contra la familia Eskenazi por el caso YPF en EE.UU.
Alfredo Cornejo, Ignacio Torres y Claudio Vidal buscan presentar una denuncia en tribunales de Nueva York, en paralelo a la causa civil que instruye la jueza Loretta Preska.
La pulseada judicial por YPF en Estados Unidos sumó un nuevo episodio con la decisión de tres gobernadores de provincias accionistas de la petrolera estatal de impulsar acciones penales contra la familia Eskenazi, cuyo ingreso a la compañía a fines de 2007 desencadenó el millonario litigio que hoy amenaza con afectar las reservas del país.
Tres gobernadores de provincias accionistas de la petrolera estatal buscan impulsar acciones penales contra la familia Eskenazi.
Los mandatarios de Mendoza, Alfredo Cornejo; Chubut, Ignacio Torres; y Santa Cruz, Claudio Vidal, trabajan en un plan conjunto para presentarse ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos, con el fin de iniciar una investigación sobre las condiciones en que el Grupo Petersen adquirió acciones, operación que según ellos habría incluido maniobras fraudulentas.
Los mandatarios de Mendoza y Chubut, Alfredo Cornejo y Ignacio Torres.
Hasta ahora, la defensa argentina frente al fallo que obliga a pagar cerca de US$16.000 millones al fondo Burford Capital se concentraba en el ámbito civil y comercial. Los gobernadores, en cambio, apuestan a trasladar el caso al terreno penal norteamericano, donde una causa abierta podría suspender el proceso civil que dirige la jueza Preska.
El mandatario de Santa Cruz, Claudio Vidal.
Provincias accionistas en acción
Los tres mandatarios fundamentan su intervención en que sus provincias poseen acciones clase B de YPF, una participación minoritaria derivada de la ley de expropiación de 2012. Aunque no les otorga control de la empresa, les reconoce la condición de socios, desde donde buscan proteger sus intereses y los recursos provinciales que podrían verse comprometidos.
Los tres mandatarios fundamentan su intervención en que sus provincias poseen acciones clase B de YPF.
La ofensiva apunta a demostrar que el ingreso del Grupo Petersen financiado con dividendos de YPF y aval político de la Casa Rosada fue irregular, abriendo el camino al litigio internacional. Si se probara un delito en aquella operación, argumentan, caería la base legal de la demanda de Burford Capital.
La ofensiva apunta a demostrar que el ingreso del Grupo Petersen financiado con dividendos de YPF y aval político de la Casa Rosada fue irregular.
En paralelo, la iniciativa evidencia un contraste político: mientras Cornejo, Torres y Vidal avanzan, los gobernadores de Río Negro, Alberto Weretilneck, y Neuquén, Rolando Figueroa, mantienen un silencio que genera tensiones. Ambos distritos, clave en el mapa energético argentino, también poseen participación accionaria en YPF y aún no definieron si se sumarán a la estrategia conjunta.
Una trama de alto riesgo
El caso YPF alcanzó un punto crítico en septiembre de 2023, cuando la jueza Preska condenó a Argentina por no haber extendido la oferta de compra a todos los accionistas durante la estatización de 2012. La resolución se originó en la quiebra del Grupo Petersen, incapaz de pagar su paquete accionario, cuyos derechos fueron adquiridos por Burford Capital.
El caso YPF alcanzó un punto crítico en septiembre de 2023, cuando la jueza Preska condenó a Argentina por no haber extendido la oferta de compra a todos los accionistas durante la estatización de 2012.
Actualmente, la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito evalúa recursos de la Procuración del Tesoro, que sostiene que la entrega de acciones estatales viola la inmunidad soberana y la ley argentina de expropiación. La movida de los gobernadores abre un nuevo frente penal internacional, con la posibilidad de que organismos como el FBI se involucren en la investigación.
