Escándalo por audios: el Gobierno denuncia espionaje ilegal y alerta una maniobra "golpista"
Tras la difusión de conversaciones privadas de Karina Milei, la Casa Rosada presentó una denuncia penal por espionaje y edición clandestina de audios. El Ejecutivo sostiene que se trata de una operación de inteligencia para desestabilizar al país en plena campaña electoral. La Justicia ordenó frenar nuevas publicaciones
La aparición de grabaciones clandestinas de Karina Milei encendió las alarmas en el Gobierno y derivó en una denuncia penal por espionaje ilegal ante la Justicia Federal. El Ministerio de Seguridad, conducido por Patricia Bullrich, advirtió que la maniobra responde a una operación de inteligencia "planificada y prohibida por ley", cuyo objetivo sería condicionar al Poder Ejecutivo y alterar el clima electoral.
En paralelo, el Gobierno apunta contra una supuesta red de empresarios, periodistas y operadores de inteligencia -entre ellos Pablo Toviggino, Jorge Rial y el abogado Franco Bindi
Los audios, difundidos en el canal de streaming Carnaval, exponen conversaciones privadas de la secretaria general de la Presidencia, aunque sin referencias incriminatorias. Para la Casa Rosada, el hecho es igualmente grave: "Fue un ataque mafioso, alguien grabó dentro de la sede del Gobierno", advirtieron fuentes oficiales.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, denunció que no se trató de una filtración casual sino de "un ataque ilegal, manipulado y dirigido". El Ejecutivo sospecha que existen más grabaciones de ministros que podrían difundirse en los próximos días, lo que generó preocupación y una reunión de emergencia en Balcarce 50.
La Justicia ordenó el cese inmediato de la difusión de los audios grabados ilegalmente a Karina Milei en Casa Rosada.
— Manuel Adorni (@madorni) September 1, 2025
Reconoció que se trata de una violación grave a la privacidad institucional y no un caso de libertad de expresión.
Fin. pic.twitter.com/v1H1doG7jb
La denuncia, firmada por el director nacional Fernando Soto, describe el episodio como un intento de "extorsión política y mediática" que busca desestabilizar los principales indicadores económicos y enrarecer la campaña electoral. El escrito pide frenar la difusión de grabaciones y preservar la legalidad institucional.
La denuncia, firmada por el director nacional Fernando Soto, describe el episodio como un intento de "extorsión política y mediática" contra los hermanos Milei
La Justicia hizo lugar a la medida cautelar y ordenó el cese inmediato de publicaciones de audios obtenidos en la Casa Rosada. "No es un caso de libertad de expresión, es una violación grave a la privacidad institucional", subrayó Adorni al difundir el fallo.
En paralelo, el Gobierno apunta contra una supuesta red de empresarios, periodistas y operadores de inteligencia -entre ellos Pablo Toviggino, Jorge Rial y el abogado Franco Bindi- a quienes atribuyen un rol en la maniobra.
El escándalo estalla a pocos días de las elecciones legislativas bonaerenses y en plena recta final hacia los comicios nacionales de octubre. Para el oficialismo, el momento elegido confirma que el objetivo es "golpear la estabilidad política y generar violencia contra funcionarios del Gobierno".
