El proyecto para agilizar causas de flagrancia avanza y ya tiene fecha de debate en Diputados
La ministra de Seguridad y Justicia Mercedes Rus, detalló ante Diputados las modificaciones propuestas por el Ejecutivo, que contemplan una fiscalía específica y mayores plazos para acelerar procesos cuando el autor es detenido durante el hecho.
La ministra de Seguridad y Justicia de Mendoza, Mercedes Rus, expuso ante la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales los ejes centrales del proyecto que propone modificar el Procedimiento de Flagrancia dentro del Código Procesal Penal. La iniciativa del Ejecutivo busca acelerar las actuaciones judiciales en delitos donde el autor es descubierto en el momento del hecho, durante una persecución o en posesión directa de lo sustraído.
Mercedes Rus, expuso ante la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales los ejes centrales del proyecto que propone modificar el Procedimiento de Flagrancia dentro del Código Procesal Penal.
Durante su presentación, Rus subrayó que el crecimiento del sistema de videovigilancia y las denuncias que ingresan a través del 911 requieren un esquema más dinámico. Señaló que hoy existen situaciones claras de flagrancia detectadas mediante cámaras: desde alguien caminando con una rueda recién robada, hasta un sospechoso que escapa por los techos tras una alarma o un individuo encontrado con un celular sustraído cuya imagen quedó registrada.
En ese contexto, la ministra remarcó que el propósito es que estos hechos reciban un tratamiento más veloz y con plazos más amplios. Uno de los puntos más relevantes es la creación de una fiscalía especializada en flagrancia, dependiente del Ministerio Público Fiscal, lo que permitiría -según explicó- dar mayor especialidad al proceso y ofrecer respuestas más rápidas tanto para las víctimas como para el sistema de seguridad. Recordó que, hasta ahora, el fiscal solo contaba con un día para elevar actuaciones, lo que limitaba el uso del mecanismo. Con la reforma, se ampliarán los tiempos y habrá un fiscal específico dedicado a estos casos.
En ese contexto, la ministra remarcó que el propósito es que estos hechos reciban un tratamiento más veloz y con plazos más amplios.
Rus también defendió la inversión en tecnología que ha permitido detectar con mayor facilidad hechos flagrantes. Mendoza cuenta con 92 millones de vistas de cámaras con reconocimiento de patentes, el primer caso registrado por reconocimiento facial, y cerca de 32.000 intervenciones derivadas del monitoreo. Además, señaló que se está avanzando en la integración de cámaras y alarmas municipales y sistemas privados conectados al 911, sumado al uso de inteligencia artificial para reforzar estas tareas.
Respecto de los requisitos para que un caso ingrese en el régimen de flagrancia, precisó que deben cumplirse dos condiciones: que el autor sea sorprendido en el acto o durante la persecución, y que el delito tenga una pena que no supere los 20 años. Al ser consultada por la posibilidad de que el fiscal Fernando Giunta quede a cargo de la futura unidad especializada, evitó confirmar nombres y aclaró que esta definición corresponde al Ministerio Público Fiscal una vez aprobada la ley.
El fiscal de Instrucción Vial, Fernando Guinta.
Finalmente, Rus enmarcó la reforma dentro de una política más amplia, que incluye la licitación para la nueva cárcel de Almafuerte III, destinada a alojar a condenados por delitos frecuentes como robos de ruedas, celulares, cobre o medidores. "Estos hechos no son menores; buscamos penas firmes y espacios adecuados para que se cumplan", concluyó.
