Las comisiones de Hacienda y Presupuesto y de Legislación y Asuntos Constitucionales recibieron en plenario al ministro de Hacienda y Finanzas, Víctor Fayad, quien brindó detalles del proyecto remitido por el Poder Ejecutivo que busca mayor eficiencia en la administración de los recursos y activos del Estado. Participaron del encuentro legisladores de la comisión de la Hacienda del Senado.
El ministro, explicó que en una primera parte el proyecto “hace a la gestión del recurso humano, otra parte hace a lo que es la gestión de bienes y servicios del Estado y otra parte la relación fiscal entre la provincia y los municipios”.
En esa línea, indicó que “estamos incorporando la presentación de certificados médicos falsos como causal de cesantía, y obligando a dar intervención al Consejo Deontológico. En el año se presentan, para un total de 100 mil empleados, cerca de 35 mil certificados médicos. Esto lo estamos sistematizando para saber de qué organismos y de qué dependencia vienen, cuáles son las patologías, cuáles son los profesionales, y en función de eso tener más precisión para saber adónde poner el foco para darle un seguimiento más específico a la presentación de certificados médicos. Por supuesto, que esto ya ha tenido implicancias en la cesantía de algunos empleados, hay un caso reciento. Pero creemos que incorporándolo explícitamente en las causales de cesantía en el Estatuto, el trámite será más ágil”.
De la misma manera, en términos de indemnización por incapacidad absoluta, “la norma vigente tiene una lógica inversa a la que tiene la legislación laboral en el ámbito privado. Hoy se remunera más la incapacidad de empleados con mayor antigüedad, cuando la lógica de las indemnizaciones por incapacidad absoluta indica que tiene que guardar proporcionalidad con cuánto tiempo de vida laboral útil le queda a ese empleado, con lo cual estamos proponiendo invertir la lógica vigente y que sea directamente proporcional a la cantidad de años que le faltan al empleado para jubilarse”, destacó.
Asimismo, en lo concerniente a las licencias sin goce de haberes, sostuvo que “está previsto en el Estatuto, hoy a partir del sexto mes de trabajo el empleado puede tomarse una licencia sin goce de haberes por un año. Esto es muy laxo, proponemos ampliar la antigüedad mínima a un año y ser más restrictivos en la recurrencia del pedido de estas licencias. Queremos desalentarlo, pero no restringirlo, porque el empleado está en su derecho de tomar esa licencia, del otro lado la gestión diaria se queda sin recurso y no puede reemplazarse, y se genera una pérdida de capacidad al organismo donde esa licencia se toma. Hoy, hay más de dos mil empleados usando la licencia sin goce de haberes. No se puede tomar más personal por la restricción de creación de nuevos cargos”.
En relación al segundo eje, mencionó, entre otros conceptos, que respecto al Fondo de Infraestructura Provincial “nos estamos dando la posibilidad que esos recursos que sólo pueden destinarse a infraestructura, puedan destinarse en particular a bienes de capital o equipamiento. Hoy no se puede hacer”.
También respecto al EPRE, indicó que “al estar involucrado en el sistema eléctrico tiene la capacidad de con su recurso humano, diseñar proyectos ejecutivos. Queremos que además de ser ente regulador pueda proponer obras y diseñar proyectos”.
Sobre la Caja de Seguro Mutual, expresó que por el Estatuto del Empleado Público el Estado debe garantizarlo. “Queremos testear si hay una solución del sector privado a este tipo de seguro de vida. Aspiramos a que haya una mejora en el servicio que se presta a empleados públicos, darle mayor flexibilidad para que el empleado pueda elegir quién le presta el servicio”.
En términos de gestión de inmuebles provinciales, dijo que cuando se liquidaron los bancos oficiales se creó una entidad que absorbió esos activos, “al principio se vendieron los activos que son más fáciles de vender, a través del tiempo fueron quedando los otros. Queremos usar ese expertis para que la DAABO, pueda ocuparse de la enajenación de otros inmuebles de otros organismos”. El objetivo es “conseguir recursos de capital para la provincia, pero también buscamos la disminución de los gastos que requiere mantener esos inmuebles”.
En materia de financiamiento educativo, “queremos ser rigurosos” cuando “los municipios no usan los fondos de asignación específica. Rigurosos con el cumplimiento” del destino de esos fondos que tienen asignación específica por Ley.
Finalmente, sobre el coeficiente de equilibrio de desarrollo, afirmó que “lo que intentamos hacer es suavizar las diferencias que se han dado en la disparidad del crecimiento poblacional entre censo y censo. Lo que queremos hacer es modificar en más o en menos un coeficiente que ya existía. Hemos tomado el coeficiente que existe hace 28 años, que cuando se creó tuvo un criterio que fue si los municipios recibían o no regalías petrolíferas, y se le aplicó correcciones en más o menos, dependiendo si el municipio creció más o menos que el promedio”.
“Estamos proponiendo una modificación marginal en más o en menos para mitigar los efectos del crecimiento demográfico intercensal, entre el censo anterior y este censo, haciendo que aquellos municipios que crecieron mucho más que el promedio reciban más coparticipación, pero no tanta, y aquellos que crecieron menos que el promedio reciban menos coparticipación, pero no tanta”, subrayó.
Durante el encuentro, del que participó también el intendente de Rivadavia, Ricardo Mansur, legisladores de la oposición solicitaron que el proyecto se divida en dos, para tratar por separado lo concerniente a la coparticipación municipal.