El juez Sebastián Sarmiento pidió ser defendido ante el Jury por un abogado del Estado
En medio del Jury de Enjuiciamiento por mal desempeño, el juez penal Sebastián Sarmiento tomó una decisión inesperada: en vez de contratar un abogado particular, pidió un defensor oficial. El proceso avanza tras la denuncia que lo vincula a fallos polémicos y a la liberación de delincuentes reincidentes.
En una movida que llamó la atención en los pasillos judiciales, el juez penal Sebastián Sarmiento solicitó ser asistido por un defensor oficial en el marco del Jury de Enjuiciamiento que enfrenta por denuncias de mal desempeño. La decisión resulta particular dado su cargo y remuneración, ya que podría haber contratado un estudio privado para su defensa.
En una movida que llamó la atención en los pasillos judiciales, el juez penal Sebastián Sarmiento solicitó ser asistido por un defensor oficial.
De acuerdo con la Resolución Nº 141/2025, publicada este martes por el Ministerio Público de la Defensa, el magistrado pidió un abogado estatal "en los términos del artículo 20, inciso B de la Ley 4970". Sin embargo, no se le asignó un letrado de la Primera Circunscripción Judicial, puesto que la mayoría ya había intervenido en procesos donde actuó Sarmiento, lo que podría condicionar la estrategia de defensa.
La decisión resulta particular dado su cargo y remuneración, ya que podría haber contratado un estudio privado para su defensa.
Frente a esta situación, la Defensora General Cecilia Saint-André designó al doctor Jorge Martín Luque, con trayectoria en la Defensoría Penal de Pobres y Ausentes de General Alvear, para representar al juez durante el Jury.
Cómo avanza el proceso
El pasado lunes once de agosto, Sarmiento fue notificado formalmente de la denuncia presentada por el diputado Franco Ambrosini (UCR), en representación de Melisa Pelayes, hija del policía asesinado en 2024. Ahora, el magistrado dispone de diez días hábiles para presentar su descargo. Una vez cumplido ese plazo, el Jury tendrá quince días para votar si continúa el proceso o si archiva la acusación.
El pasado lunes once de agosto, Sarmiento fue notificado formalmente de la denuncia presentada por el diputado Franco Ambrosini (UCR), en representación de Melisa Pelayes, hija del policía asesinado en 2024.
El tribunal de enjuiciamiento está conformado por siete jueces de la Corte, siete senadores y siete diputados provinciales. Para que la acusación avance o se descarte se necesita una mayoría simple: once votos de veintiuno. Si se decide seguir adelante, Sarmiento quedará suspendido con el 50% de su sueldo hasta la finalización del juicio político. En ese caso, la acusación será llevada por el procurador Alejandro Gullé.
Las acusaciones contra el juez
La denuncia busca la destitución de Sarmiento por cinco hechos que configuran presunto "mal desempeño". El más resonante es el caso del policía retirado Pelayes, asesinado por un delincuente que había salido en libertad anticipada gracias a una resolución del juez.
Héctor Pelayes, de 60 años, perdió la vida en un ataque a su casa en la zona de Guaymallén.
El escrito también cuestiona su oposición al retiro de celulares en las cárceles, lo que generó un fuerte cruce con el Servicio Penitenciario. Para el gobierno de Alfredo Cornejo, esa postura fue "la gota que rebalsó el vaso" y derivó en el inicio del Jury.
En el expediente además figuran otras decisiones polémicas, como la libertad condicional otorgada en 2017 a Cristian Reina Flores, quien luego asesinó a Héctor Quiroga, y la liberación anticipada de Fabián Olguín, condenado a perpetua, que terminó abusando de una niña de 12 años en San Rafael en 2020.
Finalmente, se incluyó un fallo en el que Sarmiento dispuso un traslado especial de dos presos a San Rafael, pese a que habían sido derivados a Mendoza por razones de seguridad.
