El Gobierno detectó una filtracion de información en el caso YPF y apunta a empleados del estado
Por orden de Casa Rosada, se avanza en una depuración dentro de la Procuraduría del Tesoro, por información que no debió haberse conocido sobre el caso de la petrolera. La medida incluye despidos y una reforma organizativa con eliminación de sectores.
La Procuración del Tesoro enfrenta una reestructuración interna forzada tras detectarse filtraciones que habrían influido en el juicio por la estatización de YPF, en el cual una sentencia preliminar de un tribunal estadounidense determinó que Argentina debe pagar por el 51% de las acciones involucradas en la operación.
El Gobierno descubrió filtraciones y sospechan venta de información por parte de empleados del estado.
Desde la administración nacional confirmaron que se está llevando a cabo una limpieza profunda en el organismo que conduce Santiago Castro Videla. "Hay fuertes sospechas de que se filtró información confidencial. La Procuración interviene en causas que involucran sumas millonarias para el país", advirtió un funcionario cercano al presidente Javier Milei, en diálogo con periodistas acreditados en Casa Rosada.
El Ejecutivo planea desvincular personal e incluso evalúa iniciar procesos judiciales contra quienes habrían comercializado o entregado datos estratégicos. La preocupación se centra en sectores con acceso directo a expedientes clave, como las apelaciones activas en la Justicia norteamericana. "Ya hemos detectado varios episodios similares que nos obligaron a actuar", explicaron fuentes oficiales.
El Ejecutivo planea desvincular personal e incluso evalúa iniciar procesos judiciales contra quienes habrían comercializado o entregado datos estratégicos.
Los subprocuradores Julio Pablo Comadira y Juan Stampalija están al frente de áreas clave como dictámenes jurídicos, litigios y la defensa de los intereses del Estado. La Procuración posee también una estructura administrativa amplia que abarca recursos humanos, compras, presupuesto y tecnología.
Según voceros del Gobierno, en las últimas semanas creció la alarma dentro del organismo tras la aparición pública de estrategias jurídicas que debían permanecer reservadas. Este tipo de incidentes no es habitual y genera incertidumbre por su posible impacto en litigios de alto riesgo económico para Argentina.
Santiago Castro Videla, Procurador del Tesoro (Crédito / Gentileza: Infobae
Ante este escenario, Castro Videla prevé desmantelar ciertas dependencias internas como parte de una serie de reformas para controlar la circulación de información. Además, se espera que próximamente se publique un parte oficial donde se detallen estos cambios.
Este episodio ocurre justo cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos comunicó que retomará su rol de amicus curiae, en apoyo a la posición argentina ante la Corte de Apelaciones de Nueva York, en un proceso crucial para el futuro financiero del país.
