El Gobierno nacional ha confirmado que promulgará la ley de discapacidad, la cual fue ratificada por el Congreso tras un masivo rechazo al veto del presidente Javier Milei, superando los dos tercios exigidos en Diputados y el Senado. Sin embargo, el Poder Ejecutivo aclaró que no reglamentará la normativa hasta que se definan las fuentes de financiamiento necesarias para su implementación.

Inicialmente, el Gobierno había insinuado la posibilidad de recurrir a los tribunales para evitar la aplicación de la ley. No obstante, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, confirmó hoy la promulgación, aunque subordinó su aplicación a la resolución de su financiamiento.

En declaraciones, Francos explicó que el Poder Ejecutivo la promulgará, pero el decreto reglamentario, que aborda los aspectos de su aplicación, será objeto de análisis. El ministro coordinador manifestó su deseo de discutir el tema con el ministro del área y las comisiones del Congreso para "ver cómo se puede contemplar" el financiamiento. Francos también señaló que la ley "abre la puerta para nuevas pensiones por discapacidad", y planteó la necesidad de resolver primero si las pensiones ya otorgadas fueron bien concedidas.

En una entrevista con Clarín, Francos advirtió enfáticamente: "Vamos a promulgar la ley como corresponde". No obstante, enfatizó que "el artículo 38 de la ley financiera dice que el Congreso cuando sanciona una ley debe establecer de dónde salen los recursos". El jefe de Gabinete desestimó la responsabilidad de reacomodar partidas y cuestionó: "¿Que me digan sino a quién le sacamos, ¿a los jubilados y lo pasamos a discapacidad?".

La Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación (OPC) había informado previamente que esta iniciativa podría incrementar el número de beneficiarios entre 493 mil y 946 mil personas. Esto implicaría un refuerzo fiscal que oscilaría entre $1.889.371 millones y $3.627.495 millones de pesos, lo que representa un gasto equivalente a entre el 0,22% y el 0,42% del Producto Bruto Interno (PBI).

La medida, impulsada por la oposición, contó con un amplio respaldo parlamentario, incluyendo el apoyo de fuerzas que en algún momento fueron aliadas del oficialismo, tanto en la sanción original de la ley como en la insistencia del veto.