El Gobierno nacional presentó este viernes una apelación frente al fallo de una jueza laboral que había dejado sin efecto la decisión oficial de suprimir el asueto del Día del Empleado Público, previsto originalmente para el 27 de junio. La eliminación del descanso había sido parte de la estrategia del Ejecutivo para reducir la cantidad de feriados y recortar jornadas no laborables dentro del ámbito público.

El anuncio fue realizado por el vocero presidencial, Manuel Adorni, a través de su cuenta en X (ex Twitter), donde explicó que, según la visión del oficialismo, la magistrada que dictó la medida "se extralimitó en sus funciones, vulneró garantías constitucionales como el debido proceso y aplicó de forma incorrecta la Ley 26.854, que regula el uso de medidas cautelares en la esfera administrativa".

En su mensaje, Adorni también afirmó: "No se puede permitir que se manipulen las leyes para favorecer intereses sectoriales", dejando entrever que la decisión judicial se percibe como un obstáculo a las facultades del Poder Ejecutivo.

El fallo judicial había sido bien recibido por gremios del sector público, que consideraban ilegítima la cancelación del asueto por parte del Gobierno. No obstante, desde la administración de Javier Milei ratificaron que el ajuste en los beneficios estatales, como los feriados exclusivos del área pública, responde a una política de austeridad y modernización del Estado.

Ahora, la apelación deberá ser evaluada por la Cámara correspondiente, en un escenario de tensión creciente entre el Ejecutivo y la Justicia, que ya ha intervenido en varios puntos sensibles del paquete de reformas impulsado por el oficialismo.