El Gobierno apelará al fallo´por la disolución de Vialidad Nacional
El vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó que el ejecutivo apelará a la medida judicial que frena el cierre de Vialidad Nacional.
El Gobierno nacional anunció este jueves por la tarde que presentará una apelación contra el fallo que suspendió temporalmente la disolución de Vialidad Nacional, decisión que había sido comunicada días atrás.
El Gobierno nacional anunció este jueves por la tarde que presentará una apelación contra el fallo que suspendió temporalmente la disolución de Vialidad Nacional
La novedad fue confirmada por el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien publicó en su cuenta de X: "El Gobierno apelará la suspensión del decreto que determina la disolución de Vialidad Nacional. Fin".
El Gobierno apelará la suspensión del decreto que determina la disolución de Vialidad Nacional.
Fin.— Manuel Adorni (@madorni) July 17, 2025
Esta declaración se conoció luego de que la jueza del fuero Civil, Comercial y Contencioso Administrativo de San Martín, Martina Forns, decidiera frenar por un plazo de seis meses cualquier acción derivada del decreto que disponía el cierre del organismo, haciendo lugar a una medida cautelar solicitada por el gremio Sevina.
La magistrada resolvió admitir parcialmente el recurso de no innovar, ordenando al Estado Nacional y al Ejecutivo abstenerse de aplicar medidas relacionadas con el decreto 461/2025, firmado el pasado 8 de julio. Esto incluye traslados, despidos, suspensiones o eliminaciones de áreas vinculadas a Vialidad Nacional.
Las declaraciones surgen luego de que la jueza Martina Forns suspendió por seis meses cualquier acto administrativo que derive del Decreto que resolvió disolver Vialidad Nacional
"Considerando que en esta fase inicial del proceso existen circunstancias objetivas y de gravedad, se justifica adoptar una medida preventiva que mantenga el estado actual de las cosas, evitando daños de difícil reparación mientras se resuelve el fondo de la cuestión", expresó Forns en su fallo.
En sus fundamentos, la jueza citó tanto la Constitución Nacional como los Convenios 87, 98 y 151 de la Organización Internacional del Trabajo, los cuales poseen jerarquía constitucional. Según remarcó, estas normas impiden al Estado modificar unilateralmente condiciones laborales pactadas mediante convenios colectivos vigentes.
