El Fondo Monetario Internacional expresó su inquietud por la cantidad de litigios internacionales que enfrenta la Argentina, los cuales representan un riesgo económico estimado en treinta mil millones de dólares, según informes privados. Aunque destacó los esfuerzos del Gobierno, el organismo reclamó respuestas más rápidas para resolver estas disputas legales.

Tras la primera revisión del acuerdo firmado en abril, el staff técnico del FMI incorporó entre sus observaciones la situación de esta deuda contingente, que si bien está siendo abordada con "buena fe", requiere una resolución "urgente", según el organismo.

Uno de los casos más complejos es la demanda por la expropiación de YPF, que ya generó una sentencia por dieciséis mil cien millones de dólares. Si bien el Gobierno argentino apeló el fallo y cuestiona el monto, el tema sigue abierto y preocupa al FMI.

También resaltó el fallo contra el país en el caso del Cupón PBI en Londres, con una condena firme de mil trescientos millones de euros (aproximadamente mil seiscientos millones según cálculos del Fondo). La Corte Suprema británica rechazó la apelación de Argentina, dando por cerrada la causa, originada por la manipulación de estadísticas económicas durante la gestión kirchnerista.

El FMI pidió continuar las gestiones de buena fe para alcanzar un acuerdo rápido sobre las condiciones de pago de este fallo. En su informe, detalló tres causas clave donde el Gobierno mantiene negociaciones activas:

• Cupón PBI en Londres: tras la condena definitiva del año pasado, se busca un plan de pagos escalonado.

• Holdouts de la deuda del dos mil uno: acreedores que no ingresaron a los canjes de dos mil cinco, dos mil diez y dos mil dieciséis. Representan una deuda contingente de dos mil cuatrocientos millones de dólares.

• Mobil Exploration: se negocia cómo cumplir una sentencia adversa por ciento noventa y seis millones de dólares dictada por el CIADI, derivada de las consecuencias que tuvo la pesificación sobre los contratos gasíferos de la empresa.

A pesar de estas obligaciones, el FMI consideró que los fondos comprometidos para la Argentina están resguardados con garantías suficientes, y que las reformas estructurales del país no corren riesgo inmediato mientras se sostenga un canal de diálogo con los acreedores.