Un fiscal federal ha presentado una denuncia contra el ex presidente argentino Alberto Fernández y ex directores de la Agencia Nacional de Discapacidad, acusándolos de flexibilizar el proceso de otorgamiento de pensiones por invalidez. Durante el período comprendido entre 2020 y 2023, se otorgaron cerca de 300 mil beneficios, generando controversia y cuestionamientos sobre la gestión de este tipo de ayudas en el país.

En su presentación, el fiscal alega que las autoridades mencionadas habrían facilitado el acceso a las pensiones por invalidez de manera irregular, inflando significativamente el número de beneficiarios en un corto lapso de tiempo. Esta situación ha despertado críticas y dudas respecto a la transparencia y el criterio aplicado en la evaluación de las solicitudes.

Se espera que la denuncia desencadene una investigación exhaustiva para determinar si hubo irregularidades en el proceso de asignación de pensiones durante la administración de Alberto Fernández.

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Según la investigación de Marijuán, en ese periodo se otorgaron casi 300 mil nuevos beneficios “lo cual reflejo un crecimiento exponencial en la concesion de aquellos de mas del 1500%, pues de 79.581 casos asignados en el ano 2003 se habria ascendido a 1.222.882 prestaciones conferidas en la actualidad”.

La primera norma apuntada es la resolucion 8/2020, publicada el 30 de enero de 2020, que “avalo el inicio del tramite para acceder al beneficio en cuestion aun cuando no se acompane el Certificado Medico Oficial y modifico los parametros para la determinacion del estado socio-economico y de vulnerabilidad de las peticiones atinentes para el otorgamiento, denegacion, suspension y caducidad de las pensiones senaladas”. 

Hasta ese momento, el beneficiario no tenía que ser propietario de un inmueble cuyo valor supere el equivalente a mas de 400 jubilaciones minimas o un auto de mas de 30 jubilaciones minimas. La resolución de 2020 quitó el tope máximo de los inmuebles y permitió que el solicitante sea considerado vulnerable si tenía un vehículo con una antiguedad de mas de diez anos.

Alberto Fernández encabeza la lista de funcionarios denunciados por esa maniobra, encuadrada bajo el delito de defraudacion a la administracion publica. “El ex Presidente de la Nacion y los sucesivos funcionarios a cargo del ANDIS dictaron normas que inexplicablemente llevaron a eliminar la condicion de invalido como requisito de este beneficio que justamente es la pension por invalidez, de este modo se obsequiaron prestaciones con dinero publico para llegar a manos de personas que no reunian los requisitos legales. Con este acomodamiento normativo solo se busco una gratuidad popular”, sostuvo Marijuán. 

No solo aumentó el número de pensiones, sino que se detectaron irregularidades graves como certificados acompanados por radiografias de animales o poemas como estudios complementarios.