El gobierno encabezado por Alfredo Cornejo oficializó, a través del Decreto 1159, la validación del convenio que permitirá ejecutar distintos proyectos de infraestructura vial utilizando fondos del denominado Fideicomiso de Administración de los Fondos por Resarcimiento. La medida también habilita la posibilidad de aplicar sistemas de peaje en rutas provinciales, según defina el Poder Ejecutivo.

El acuerdo incluye la opción de adoptar modelos de concesión o cobro de peajes para mantener y operar rutas, siempre que exista autorización previa por parte de la autoridad correspondiente. La firma del convenio tuvo lugar el 25 de octubre de 2024, con la participación de los ministros Víctor Fayad (Hacienda) y Natalio Mema (Gobierno), la subsecretaria de Infraestructura Marite Badui y el titular de Vialidad Provincial, Osvaldo Romagnoli.

Este instrumento establece las condiciones para asignar recursos del fideicomiso a iniciativas de construcción, ampliación o modernización de obras esenciales para el desarrollo de la provincia. La implementación del convenio se enmarca en el Decreto 2070/2024, que introdujo una adenda al contrato original del fideicomiso.

En cuanto al esquema de ejecución, se prevé la participación de organismos subejecutores, bajo la coordinación general de la Subsecretaría de Infraestructura, que distribuirá responsabilidades específicas para garantizar la continuidad de los trabajos.

Aspectos centrales del acuerdo

El convenio, compuesto por siete fojas, describe en detalle los procedimientos técnicos y administrativos que regirán los proyectos:

• Asignación de fondos: los recursos serán dirigidos a obras seleccionadas por la Subsecretaría de Infraestructura, que actuará como Unidad de Coordinación Técnica.

• Rol del subejecutor: la Dirección Provincial de Vialidad tendrá a su cargo la ejecución, licitación, adjudicación, control técnico y elaboración de informes periódicos de avance.

• Cobro de peajes: se establece la posibilidad de implementar sistemas de mantenimiento mediante concesión o peajes en rutas, en función de las condiciones que se definan en cada caso.

• Financiamiento: los fondos serán reembolsados por el fideicomiso, a partir de la presentación de la documentación que respalde los gastos realizados.

• Plazos y control: cada obra contará con un cronograma detallado y estará sujeta a auditorías internas y externas para asegurar el uso adecuado de los recursos.

• Normativa aplicable: todos los procesos deberán ajustarse a la legislación vigente en Mendoza y a las pautas establecidas por la Subsecretaría.

• Resolución de conflictos: se prevé un procedimiento para resolver disputas administrativas que, si no se solucionan, podrán derivar en instancias judiciales.

• Transparencia: se exige garantizar la publicidad de los actos administrativos vinculados a las obras y rendir cuentas ante los organismos de control provincial.

Finalmente, este nuevo paso se suma a una adenda previa firmada el 25 de abril de 2024 entre el Gobierno nacional y Mendoza, que introdujo modificaciones al convenio original. Esa adenda fue convalidada en la provincia mediante el Decreto 883/2024 y ratificada por la Ley 9549, mientras que en el plano nacional fue refrendada a través del Decreto 587/2024.