El Gobierno nacional resolvió disolver y fusionar la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), y la reorganización de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), ambos organismos descentralizados dependientes de la Secretaría de transporte del Ministerio de Economía.

Se trata de una decisión de Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, dado que el próximo 8 de julio vencen sus facultades delegadas.

La medida se venía anunciando desde hace tiempo, y finalmente comenzó a concretarse con un proyecto de decreto que será publicado en breve en el Boletín Oficial.

El nuevo organismo pasará a denominarse "Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte" y será la Autoridad de Aplicación a que refieren todas las normas y actos administrativos que se relacionen con la fiscalización de las concesiones viales.

Acorde a lo que argumentan fuentes oficiales, esto se debe a una superposición de tareas entre las entidades a eliminar y la Secretaría de Transporte. Por ejemplo, la Comisión Nacional de Tránsito y la Seguridad Vial coordina programas de prevención de accidentes de tránsito, tareas similares a las que desempeña la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y la Subsecretaría de Transporte Automotor.

En una línea similar está la decisión de disolver la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), la cual se encarga de fiscalizar talleres de Revisión Técnica Obligatoria (RTO) para vehículos de transporte de pasajeros y cargas y supervisar operadores de transporte automotor y ferroviario de jurisdicción nacional, entre otras funciones.

Entre las funciones previstas para el nuevo esquema, se cuentan: fiscalizar el cumplimiento de los contratos de concesión, acuerdos de operación y permisos de explotación de los servicios públicos de transporte automotor urbano, suburbano y ferroviario de pasajeros y cargas de jurisdicción nacional, en lo que respecta a las obligaciones contractuales, técnicas y operativas, pudiendo realizar inspecciones in situ y solicitar a los operadores y concesionarios la información y documentación necesaria para el cumplimiento de sus funciones.

También fiscalizar los contratos de concesión vial, controlando su ejecución, en coordinación con el organismo competente en materia de procesos licitatorios, con el fin de asegurar la separación de funciones entre la fiscalización de los contratos y la administración de procesos licitatorios.

A su vez fiscalizar y controlar los servicios públicos de transporte terrestre de jurisdicción nacional, y sus permisos de explotación, asegurando condiciones técnicas y de prestación adecuadas, a fin de garantizar la continuidad del servicio y la seguridad de las personas transportadas.