El exintendente de Luján de Cuyo, Carlos López Puelles (55), fue absuelto este viernes en el juicio que enfrentaba por amenazas a su expareja. La decisión fue tomada por la jueza Belén Salido, quien coincidió con el fiscal del caso al considerar que no se había configurado el delito que se le imputaba.

El proceso judicial se centró en presuntas amenazas telefónicas que el exfuncionario habría dirigido a su expareja mientras se encontraban en pleno proceso de divorcio, cuando él aún ocupaba el cargo de intendente. Sin embargo, en la etapa de alegatos, el fiscal de Violencia de Género, Emiliano Ortega, concluyó que las pruebas presentadas no alcanzaban para sostener una condena, motivo por el cual decidió retirar la acusación.

Por su parte, la defensora oficial Mariana Silvestri respaldó esta postura, mientras que los abogados de la mujer insistieron en solicitar una condena de 3 años de prisión en suspenso para López Puelles, aunque finalmente el tribunal se inclinó por la absolución.

Antes de que se diera a conocer el fallo, López Puelles se dirigió al tribunal y expresó: "Fue un proceso extremadamente largo, muchos años, mucho aprendizaje. Creo que hemos aprendido todos de esto".

El exintendente ya había declarado previamente, negando las acusaciones en su contra: "¿Se pudo haber hablado de otra manera? Sí. Tal vez no lo hicimos de la manera correcta. Pero nunca la llamé para extorsionarla o coaccionarla o chantajearla. Fue una conversación para tratar de llegar a un arreglo".

Antecedentes y otras causas pendientes

Este juicio no es el primero que enfrenta López Puelles. En 2021, fue condenado en otro proceso por amenazas contra la abogada de su expareja, Carolina Jacky, una reconocida letrada transexual. En ese caso, se le impuso una pena de 7 meses de prisión en suspenso, aunque la sentencia fue apelada y el caso terminó prescribiendo en la Suprema Corte de Justicia.

Además, López Puelles enfrenta actualmente otra causa por enriquecimiento ilícito, en la que se investigan sospechas sobre su patrimonio, incluyendo la posible titularidad de un grupo de empresas, cheques y una suma significativa de dinero en efectivo. Sin embargo, ese expediente aún no ha sido elevado a juicio.