Acordaron introducir cambios al proyecto enviado por el Ejecutivo que define criterios básicos epidemiológicos para establecer medidas sanitarias ante la pandemia.
El bloque del Frente de Todos acordó hoy introducirle varios cambios al proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso que define criterios básicos epidemiológicos para establecer las medidas sanitarias que mitiguen la pandemia de coronavirus, y que se prevé sea debatido en sesión especial de este jueves en la Cámara de Senadores.
Las modificaciones fueron enviadas a la Secretaría Legal y Técnica del Gobierno nacional para terminar de cerrar los principales planteos ante la iniciativa.
Fuentes de la bancada oficialista afirmaron que los temas que cambiarán respecto del documento que inicialmente envió el Poder Ejecutivo son básicamente dos: la suspensión de clases y la incorporación de un plazo legal para la finalización de las restricciones.
Esos cambios habían sido adelantados por el constitucionalista Andrés Gil Domínguez durante el plenario de comisiones que se llevó a cabo la semana pasada y que finalizó con la firma del dictamen.
Allí, el abogado había sugerido modificar el artículo 21 del proyecto, que hace mención a la suspensión de la actividad escolar cuando un distrito se encuentre en “situación de Alarma Epidemiológica y Sanitaria”.
La redacción original establece que, en esos casos, se suspenden las clases y que, luego, el Poder Ejecutivo podrá discutir con los gobernadores afectados por la situación una “morigeración” de la medida.
La sugerencia es invertir la situación y que cualquier medida restrictiva deba ser consensuada con los responsables distritales, previamente.
El oficialismo pretende, de ese modo, esquivar el alcance del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que dejó sin aval la decisión del Gobierno nacional de ordenar la suspensión de clases presenciales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Otro de los puntos que ofreció dudas desde el punto de vista constitucional fue el artículo 33, el anteúltimo del proyecto, que establece que la ley entrará en vigencia el sábado 22 de mayo y regirá “mientras se encuentre vigente la emergencia pública en materia sanitaria, en virtud de la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) con relación a la Covid-19”.
El borrador que se le alcanzó al Poder Ejecutivo modifica esa redacción y le incorpora un “plazo cierto” hasta el 31 de diciembre de este año.
También se eliminará del proyecto la mención a los gobernadores y al jefe de Gobierno porteño como “delegados” del Ejecutivo nacional y se los considerará como “agentes del Gobierno federal”.
Por otro lado, se descartó la posibilidad de incluir un artículo que permitiría a las provincias “adherir” a la ley, en lugar de que estén obligadas a acatarla.